La cancelación total de la licitación de medicamentos (salvo los de patentes adquiridas a multinacionales) que ordenó la secretaria Raquel Buenrostro es el resultado de 6 años de reformas fallidas, intentos de consolidación y experimentos logísticos; bajo el señalamiento de que se trató del combate a la corrupción —esa que ya no existe— el país regresa silenciosamente a las viejas prácticas de compras regionales fragmentadas, discrecionales y a precios exorbitantes.
Este retroceso no es producto del azar ni de la urgencia. Es resultado de un sabotaje institucional cuidadosamente orquestado durante más de un año y que algunos personajes, como el director administrativo del IMSS, Borsalino González, fue sorprendido emitiendo decenas de órdenes de reposición de productos por hasta dos años.
Y es que la licitación declarada nula por irregularidades y sobreprecios, dejó un vacío legal y operativo que fue rápidamente aprovechado: las “compras de pánico” regionales que emitieron una decena de instituciones públicas iniciaron a principios de abril con el argumento de que había que “abatir el desbasto” de inmediato.
Rocha Cantú en París
Tales compras son un “mejoralito” temporal, pero reproducen el problema estructural: precios inflados, proveedores seleccionados sin transparencia, y una descentralización que permite a cada oficina operar bajo criterios laxos y sin supervisión efectiva.
Y ya sabemos qué sucede: medicamentos adquiridos a dos, cinco y hasta diez veces su precio de referencia nacional, negocio redondo para quienes manejan los hilos locales del sistema.
Sabotaje anunciado: la trama detrás del fallo nacional. Ninguna transa se prepara de la noche a la mañana. Las indagaciones indican que a inicios de 2024, altos funcionarios del IMSS y operadores dentro de la Subsecretaría de Salud —entonces a cargo de Hugo López-Gatell— obstaculizaron el flujo de información hacia Birmex durante seis meses: el retraso deliberado en la entrega de los estudios de demanda de medicamentos impidió consolidar una compra eficiente.
Ello arrastró a Birmex a operar con datos incompletos mientras que, al cambio de sexenio, la subsecretaría, ya dirigida por Eduardo Clark, realizó un diseño técnico de licitación sin respaldo ni consulta con expertos. Las evaluaciones técnicas fueron encabezadas por funcionarios sin experiencia en salud, más preocupados por cumplir cuotas políticas que asegurar el abasto. Soberbia e interés puro.
El proceso estaba destinado al fracaso desde su origen.
¿Torpeza o plan con maña? La hipótesis de una torpeza administrativa que hizo naufragar la compra más importante del nuevo sexenio no es suficiente. Los hechos apuntan a una estrategia deliberada: provocar la anulación de la compra nacional para reactivar el esquema de compras regionales, donde las redes de complicidad operan con mayor libertad. Los beneficiarios son los mismos actores que en el pasado controlaban la distribución, los PACs, y las adjudicaciones por excepción.
Vaya, antes de la anulación, era secreto a voces que había órdenes de reposición a manos llenas. Fueron ignoradas las alertas que Buenrostro emitió desde noviembre de 2024. Y en el caos, quienes realmente se beneficiaron no han sido sancionados ni señalados. Al contrario: algunos ya preparan la reactivación de contratos y prácticas que se prometió suprimir.
Basta con mirar los nombres de los despedidos de Birmex, y en uno en particular. Sabemos que se despacharon al Tovarich Iván Olmos como director general; que a Emma Luz López la sacaron de administración y finanzas casi a rastras, a Carla Anaya Guendulain del área de logística… y nada menos que a Fabián López Xochipa, encargado del área de planeación, siendo nada menos y ni nada más que quien disponía quienes podían y quienes no participar en la licitación cancelada.
Y no pasaría de ser una oscura anécdota si no fuera porque López Xochipa trabajó el sexenio pasado en la Agencia de Innovación Digital CDMX que empezó a ser dirigida en 2023 por el hoy subsecretario Clark, al sustituir a José Peña Merino de ese cargo.
Menchaca impulsa inversión en Hidalgo. El Estado de Hidalgo se ha convertido en un centro de atracción de inversiones industriales y servicios, cuyo impulso es apoyado y reconocido por el gobierno de Julio Menchaca. A diferencia de otros mandatarios estatales, durante los 3 primeros años del mandato de Menchaca se registran anuncios de inversión por 100 mil millones de pesos (que supera al gobierno de Omar Fayad) por el arribo y expansión de firmas como Mercado Libre, JAC Motors, WEG y Laboratorios Carnot.
Siendo un hecho que la mejor política social es el empleo, Hidalgo registró 283 mil 70 plazas formales ante el (IMSS), cifra histórica de acuerdo al secretario de desarrollo económico de la entidad, Carlos Henkel, y así reducir en casi 10 puntos porcentuales los niveles de pobreza.
Y como el desarrollo requiere infraestructura, Menchaca prioriza la obra pública aplicando 11 mil 700 millones de pesos en mil 282 obras: desde caminos y puentes hasta espacios educativos, remodelación de escuelas y creación de parques industriales. Y para este año se proyecta invertir 4 mil millones de pesos en infraestructura prioritaria.
Así se edifica el futuro.
Esta columna, ya en el estribo con todo y columnista, prepara sus atavíos de Semana Santa a partir del miércoles y amenaza resucitar el lunes de Pascua.
