En medio de una profunda reconfiguración institucional promovida por el actual Gobierno federal, la Cámara de Diputados se alista para aprobar en los próximos días un paquete de leyes secundarias que redefinirán el marco jurídico en materia de competencia económica, antimonopolios y telecomunicaciones, luego de la decisión del Congreso de extinguir órganos autónomos clave, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El rediseño legal tiene como objetivo cubrir los vacíos regulatorios que dejaron estas desapariciones y reasignar las funciones esenciales que dichos organismos desempeñaban. Para ello, se espera que la Cámara Baja, celebre tres sesiones la próxima semana, en las que se discutirán las propuestas enviadas por la Presidencia de la República para normar la operación de sectores estratégicos como el de la competencia económica y las telecomunicaciones, cuya supervisión técnica y especializada quedará ahora en manos de dependencias del Ejecutivo federal.
El proceso de extinción de estos organismos no ha sido improvisado. En el caso de la Cofece, se destinaron recursos específicos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 para garantizar su cierre ordenado, de lo cual ya sabíamos desde hace unos meses cuando se palomeó ese presupuesto. Aunque no se ha precisado el monto exacto en los dictámenes legislativos disponibles hasta ahora, se sabe que los cálculos para asignar dichos fondos fueron realizados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y están orientados a asegurar su operación durante un periodo transitorio de seis meses. Durante ese lapso, la Cofece podrá mantener actividades necesarias para su liquidación, gestionar la transferencia de información institucional y garantizar un retiro decoroso a su personal, particularmente aquellos bajo esquemas de confianza u honorarios. Este organismo del que ya sabíamos tenía que perfeccionarse, ya no verá los proyectos en los que se había trabajado en el pasado para no quedar obsoleto, rebasado.

Importante reconocimiento a la SHCP
Los trabajadores que formaban parte de los organismos a desaparecer serán, en su mayoría, absorbidos por dependencias del Ejecutivo, entre ellas la Secretaría de la Función Pública (a través de su nueva Secretaría Anticorrupción), la Agencia de Transformación Digital y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), instituciones que, de acuerdo con fuentes legislativas, cuentan con la capacidad técnica y presupuestaria para integrar esas funciones y personal sin comprometer sus operaciones actuales. El Congreso también analiza una serie de leyes en materia de seguridad e inteligencia que forman parte del paquete de reformas promovido por el Ejecutivo, especialmente la legislación secundaria derivada de la reforma al artículo 21 constitucional, que amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas iniciativas podrían discutirse durante un periodo extraordinario de sesiones, previsto entre mediados de junio y principios de julio.
La desaparición de órganos autónomos como la Cofece y el IFT marca un punto de inflexión en la arquitectura institucional mexicana. Y es el mismo Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien ha confirmado que buscarán aprobar las leyes reglamentarias que reasignan las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tras su extinción antes de que concluya el actual periodo de sesiones, el próximo 30 de abril. Ésa será la fecha del adiós para estas oficinas creadas para ejercer funciones técnicas con independencia del poder político, eran considerados por muchos actores económicos como garantías de imparcialidad, transparencia y certeza jurídica. Su extinción ha generado reacciones encontradas tanto en el ámbito nacional como internacional, particularmente entre inversionistas que observan con inquietud una posible concentración de poder regulador en el Ejecutivo.
Las leyes que están por aprobarse, los recursos asignados para cerrar capítulos institucionales y las nuevas dependencias que asumirán funciones críticas, forman parte de un proyecto de Estado ambicioso, pero también cargado de riesgos e incertidumbre. Adiós a esos de la Cofece que hasta hace no mucho se sentían exquisitos, incluso hasta para comunicar, incluso para hacer saber en lo que trabajaban esas oficinas. Como en muchos momentos de la historia contemporánea de México, lo que hoy se presenta como un ejercicio de modernización gubernamental deberá demostrar en la práctica su capacidad para responder a los desafíos económicos, sociales y democráticos que enfrenta el país.
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