“La injusticia, en cualquier parte, es una
amenaza a la justicia en todas partes”
Martin Luther King
En un país convulsionado por diversos problemas, entre ellos por la crisis sanitaria del
Covid-19, el Senado se reunió el pasado lunes 20 de abril para aprobar la Ley de Amnistía propuesta por el Gobierno federal. Muchos pensaban que era un riesgo reunirse para ello; otros pensaban que era intrascendente la aprobación de la ley y no reunirían el quorum necesario. No obstante, se reunieron y aprobaron la ley.
La ley era una propuesta de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual resultaba muy importante su expedición. De acuerdo con la Constitución Política, sólo el Congreso de la Unión o los Congresos locales pueden realizar su expedición en materias Federal y Local, respectivamente. Con la ley se puede lograr eliminar una acción penal o anular una sanción impuesta por haber cometido un delito en particular, siendo un instrumento de la llamada justicia transicional.
La Ley de Amnistía aprobada tiene aciertos y errores. Para su aplicación se debe contar con ciertas condiciones como son: que las personas tengan una sentencia firme por primera vez, que no sean delitos por los que se haya privado de la vida, ni por secuestro, o dañado la integridad personal y no haber empleado armas de fuego; además, una vez que se haya aplicado la amnistía a una persona no puede ser detenida ni procesada por el mismo delito.
Por otra parte, esta ley contempla únicamente ciertos delitos: (I) el haberse realizado un aborto, en el cual se incluye a la mujer y a los médicos o personas que lo hayan practicado, lo que resulta poco probable su aplicación en este caso en virtud de tratarse de un delito del orden local y le corresponde a los estados; (II) delitos contra la salud por posesión y transporte de narcóticos por personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, difícil distinción; (III) los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas que no hayan sido acompañados por traductores y llevados en el debido proceso; (IV) también se incluyó a las personas condenadas por robo simple y sin violencia; (V) a las personas que cometieron el delito de sedición al alterar la vida institucional de México, por motivos políticos sin que se trate de terrorismo.
Los problemas empiezan cuando la ley prevé la creación de una comisión, dentro de los sesenta días posteriores a su expedición, que será la que coordine su cumplimiento y aplicación, la cual una vez que funcione deberá resolver, dentro de un plazo de cuatro meses, las solicitudes de amnistía que reciba. Por lo que si sumamos los plazos anteriores, su aplicación tardará varios meses y no resolverá rápidamente el problema la saturación de las cárceles federales y el riesgo de contagio por Covid-19; y como en México somos expertos en crear Comisiones disfuncionales, será todo un reto que la Comisión de Amnistía funcione y además que no se politice.
