“Las leyes callan cuando las armas hablan”.
Cicerón
Sin duda la presentación de la demanda civil en la Corte del Distrito de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, es una gran apuesta jurídica y política del Gobierno mexicano, de entrada es un éxito poner sobre la mesa de discusiones un tema tan importante, y más si se hace con argumentos jurídicos sólidos, y en el país donde se dice que los jueces gozan de una gran independencia.
Para la elaboración de la demanda, el Gobierno mexicano contrató al despacho Hilliard Shadoven, fundado en el año 2012 en Austin, Texas, con reconocido prestigio; la demanda principalmente solicitó que las empresas reconozcan que sí tienen deberes legales para evitar armar a criminales en México, y que han causado un daño económico y social, para ello sustentaron su demanda, principalmente, en la legislación mexicana en materia de responsabilidad civil; en la Ley de Exportación de Armas de EU y en la Ley de Agravios, también de Estados Unidos.
El ingreso ilegal de armas a México se calcula entre 250 mil y 350 mil, generando ingresos en promedio de doscientos cincuenta millones de dólares anuales; sin duda son ingresos importantes, por lo que la defensa contará con un financiamiento del tamaño de los ingresos, además de que querrán las armadoras que no se dañe su imagen, y se juzgue como abastecedores de las armas de los cárteles mexicanos.
Los fabricantes y distribuidores de armas tienen a su favor la Segunda Enmienda en los EU, la cual los protege de ser responsables del uso que se les dé a las armas que venden; sin embargo, la enmienda no les autoriza vender armas a delincuentes y grupos criminales, lo cual los pone en entredicho, y seguramente señalarán la responsabilidad de los gobiernos en las aduanas, por permitir su paso por ellas.
Se puede suponer que el gobierno de Biden y los legisladores demócratas no interferirán en la defensa de los fabricantes de armas, pues ellos han sido críticos de la política de la venta libre de armas, en virtud de haber producido más de cuarenta mil muertos en EU, y treinta y cinco mil en México, durante el 2020.
En la demanda presentada se tiene que acreditar que la fabricación y venta de armas genera una responsabilidad objetiva, la cual consiste en que por su propia naturaleza, las armas crean el riesgo de causar un daño, de hecho es parte de su finalidad; sin embargo, lo más difícil será calcular el monto del daño causado, ya que se presta a consideraciones subjetivas. Esto será un trabajo muy fino por parte del Gobierno mexicano.
De cualquier forma, se gane o se pierda el juicio, por su simple presentación ya generó un triunfo de la Cancillería mexicana, al poner en la mesa de discusión y en la agenda de los tribunales norteamericanos, el tema de la venta de armas y sus repercusiones en el mundo, y en especial en México. ¡Enhorabuena!
