La disputa por los terrenos de Santa Fe

Sorprendió mucho conocer de una serie de denuncias por la tenencia de la propiedad en la zona de Santa Fe, y que fuera interpuesta por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (UEITA), que señaló que conoció por una denuncia presentada contra dos personas por invasión de terrenos propiedad de la nación, y de ahí se derivó toda una investigación.

El argumento central que ha manifestado el titular de la UEITA, es que el Estado mexicano es dueño de una zona de aproximadamente cincuenta y tres hectáreas, en virtud de un decreto de expropiación del año 2018, que a su vez forma parte de un decreto de 1907, por una superficie total de dos mil hectáreas, y que por otro decreto de 1917 se autorizó que todos los habitantes de la zona expropiada, que acreditaran su ocupación, podrían

adquirir la propiedad.

El asunto genera varias dudas; la primera es ¿por qué hasta ahora se iniciaron los juicios para recuperar la propiedad? La segunda es ¿por qué decretaron una expropiación en el 2018 cuando ya estaban la mayoría de las construcciones, sabiendo que iban a afectar a cientos de particulares que compraron sin conocer la procedencia de los terrenos? Y una tercera duda es ¿por qué los propietarios no se ampararon contra el decreto de 2018 para hacer valer sus derechos? Todo parece muy extraño.

Si bien es cierto que los inmuebles de dominio público son propiedad de la nación y de acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Bienes Nacionales “son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva”, se tiene que tomar en cuenta el derecho de los adquirentes de buena fe, los cuales con el decreto de 2018 tuvieron que ser indemnizados por la expropiación.

Miguel Leyva Medina, titular de la UEITA, en varias entrevistas ha señalado que la Fiscalía va contra los invasores iniciales, no contra los dueños actuales de los departamentos y que tengan una escritura; sin embargo, es una contradicción que al mismo tiempo quieran recuperar los terrenos y salvaguardar la propiedad de los adquirentes de buena fe, ya que no se pueden cumplir las dos cosas.

No podemos dejar a un lado la responsabilidad de los invasores, los cuales hicieron un negocio y seguramente será muy difícil ir contra ellos, en virtud de que en muchos casos su responsabilidad ya prescribió, pero se debe investigar todo el entramado jurídico que usaron para obtener la propiedad, se supone que iniciaron juicios civiles de prescripción positiva, los cuales se declararon en rebeldía y con la sentencia obtenida acudieron a un notario para el otorgamiento de la escritura. La cuestión es ¿por qué los jueces no advirtieron que eran terrenos de dominio público? Tampoco el Registro Público de la CDMX se opuso, como tampoco los notarios, ni la Seduvi, demasiadas cosas tuvieron que pasar para poder vender a los particulares, quienes, como siempre, serán los que paguen las ilegalidades.

La historia apenas empieza.