En el año de 2014, la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el apoyo del grupo llamado Pacto por México, conformado por los partidos PRI, PAN y PRD, transformó a la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República (FGR), habiéndose concretado su transformación el 20 de diciembre de 2018, siendo nombrado Alejandro Gertz Manero, primer Fiscal General de la República.
A nivel estatal, el 30 de enero de 2014, el estado de Morelos fue el primero que transformó su Procuraduría en Fiscalía. Con su nueva estructura se esperaba que los fiscales fueran independientes al ser nombrados por los congresos locales a propuesta del gobernador, quien debe enviar una terna de candidatos, y que entre ellos se elija a uno, por ello quien controla al Congreso consigue el nombramiento del Fiscal a modo, de ahí viene el mote de Fiscal carnal.
Las Fiscalías se rigen por su ley orgánica que contiene sus funciones, así por ejemplo, la FGR tiene su ley, que fue promulgada el 20 de mayo de 2021 por Andrés Manuel López Obrador, la cual es reglamentaria del apartado A del artículo 102 Constitucional, en cuyo artículo segundo establece que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República, como órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con ella se establece que el Fiscal es independiente de cualquier poder político y, sin embargo, en la realidad su jefe es el Presidente, como lo hemos podido observar.
Por lo anterior, a pesar de las transformaciones jurídicas para que fueran independientes las fiscalías del Poder Ejecutivo, en la realidad no sucede así, tenemos infinidad de casos de manipulación política en las investigaciones e incluso casos burdos, donde se percibe que reciben instrucciones de los gobernadores o del Presidente, como muestras de ello, tenemos algunos casos paradigmáticos:
Uno de esos casos fue la detención de Emilio Lozoya, que realizó la Fiscalía General de la República. Un segundo caso fue la investigación de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, por la extracción del Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén, cuyas fallas provocaron la renuncia de la fiscal a pedimento del gobernador. Y un tercer caso fue el intento de detención de Javier Corral, en un restaurante de la Ciudad de México, en donde tuvo que llegar el encargado de la fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, a rescatarlo personalmente.
Todos estos ejemplos, son muestras claras del uso político de las fiscalías, en donde lo importante para los fiscales es cumplir con las instrucciones de sus verdaderos jefes, los gobernadores y el Presidente, por ello en su transformación no hubo ningún cambio en el actuar del Ministerio Público, los cuales continúan saturados de denuncias, las personas pueden tardar hasta 12 horas en ser atendidos, en donde el 95% de las denuncias no prosperan, y del cinco restante que sólo el 1% de las investigaciones se concluye. Podemos decir que su transformación sólo fue en la ley, pero no en la realidad. El nuevo Gobierno tiene una difícil tarea en este tema.
