“El rey mismo no debe estar sujeto al hombre, sino a Dios y a la ley, porque es la ley lo que lo hace rey”
Montesquieu
En 1986, Ronald Dworkin publicó un libro crucial para la vida jurídica de Estados Unidos y el mundo occidental, titulado El imperio de la justicia, donde aborda la filosofía del derecho y la moral. Propone una teoría en la que debe imperar la justicia sobre todas las razones, una justicia que los jueces deben impartir de acuerdo al convencionalismo y pragmatismo.
Dworkin sostiene que los jueces deben interpretar la ley de manera coherente con los principios morales subyacentes, bajo un positivismo jurídico. En este enfoque, los derechos individuales y la integridad del sistema legal deben armonizarse para que las resoluciones judiciales se basen en principios como la equidad, la dignidad y el costo económico del daño, así como su reparación mediante indemnizaciones económicas. Más allá de cuestiones penales, sugiere que al Estado y a la sociedad les beneficia más un pago que una condena en la cárcel, requiriendo un equilibrio en la sanción.
Según lo planteado por Dworkin, podemos analizar las instituciones del sistema jurídico mexicano, encontrando casos paradigmáticos que indican una crisis en la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) muestra un claro enfrentamiento entre ministros, y entre la Corte y la Presidencia de la República. Otro caso paradigmático es el Tribunal Electoral, donde sólo hay cinco magistrados de los siete necesarios, y entre ellos, dos enfrentados contra los otros tres, impidiendo el funcionamiento normal del Tribunal. Con ello, los que salen ganando son los delincuentes y la Presidencia de la República, que parece que quiere órganos jurídicos débiles.
Por lo anteiror, encontramos resoluciones jurídicas absurdas, como el caso del juez que resolvió que al gobernador le correspondía nombrar al gobernador interino, en contra de lo que establece la Constitución de Nuevo León. La SCJN tuvo que intervenir para corregir la situación. Otro caso es la aprehensión del Fiscal del estado de Morelos, con fuero constitucional, detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México, y sólo después de varias semanas un juez federal resolvió su liberación; o el espionaje que realizan las fiscalías con averiguaciones falsas, en contra de todo orden jurídico.
Este tipo de situaciones se observan en todo el país, donde algunos jueces parecen favorecer causas absurdas por motivos políticos o económicos. El Presidente acierta al señalar la corrupción en el sistema judicial, pero parece contradecirse al afirmar que están en su contra.
La solución al problema de la impartición de justicia no radica en desaparecer o debilitar los órganos judiciales, ni en convertirlos en una extensión del Presidente en turno. Por el contrario, es necesario fortalecerlos y transparentarlos por completo para que puedan servir a la sociedad, impartiendo una verdadera justicia y equidad, como propone Dworkin, con base en el convencionalismo y el pragmatismo. Sólo así se puede garantizar un Estado de derecho.
Nuestro país nunca ha gozado de instituciones jurídicas reconocidas por su preparación profesional y honestidad, pero ahora, incluso, están enfrentadas unas contra otras, y con una gran corrupción. Mientras esto no cambie, estaremos demoliendo lo que queda del imperio de la justicia en México, y no precisamente para construir uno nuevo, sino para vivir entre las ruinas de la justicia.
