El Estado y el monopolio del uso de la fuerza

“Si tenéis la fuerza, nos queda el derecho”

Victor Hugo

Max Weber en su obra La Política como Vocación expuso que el Estado es la única entidad titular del monopolio de la violencia, la cual lleva a cabo en ejercicio de la autoridad que tiene dentro de un territorio y con la legitimación que le otorga una causa justa.

El uso de la fuerza es necesaria en muchos casos para que un Estado sea funcional; debiendo ser ejercida de forma proporcional, con la orientación necesaria y sin abuso. El Estado tiene el poder institucional y es el titular abstracto del poder y el gobierno sólo es un representante para ejercerlo, el cual es pasajero mientras que el Estado es permanente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89 señala las facultades y obligaciones del Presidente; en las fra-

cciones VI y VII establece lo siguiente: “VI.- Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva… VII.- Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señala la ley”.

Para regular el uso de la fuerza el 27 de mayo de 2019 se publicó la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, la cual nos señala la función del Estado en el uso de la fuerza; en el artículo segundo establece que la Ley tiene como objeto: “I.- Establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones”. Mientras que en el artículo cuarto señala los principios que regirán el uso de la fuerza; el primero de ellos es el siguiente: “I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública…”.

La Ley estructura claramente cómo debe llevarse a cabo el uso de la fuerza en los operativos, previa planeación, para los cuales deben estar capacitados los agentes, respetándose los derechos humanos, debiendo realizar informes pormenorizados de su actuación, concluyendo con las causas de responsabilidad en donde las infracciones a la ley deben de ser sancionadas.

De lo anterior, podemos observar que el gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad nacional, por lo que después de haber visto el fallido operativo en Culiacán; los acontecimientos en otras entidades, parece que a los diferentes gobiernos o les da temor usar la fuerza del Estado o la usan con exceso de violencia. Por ello debemos de exigir que los gobiernos garanticen la seguridad, y sólo sí es necesario, ejerzan ordenadamente el uso de la fuerza y en caso de no actuar o actuar fuera de la ley sean responsables y se les aplique la ley la cual es nuestro último recurso.