Los muertos de San Fernando a diez años

“La muerte es el último viaje, el más largo y el mejor”

Tom Wolfe

El 24 de agosto de 2010 un ecuatoriano de 18 años de nombre Luis Fredy Lala Palomino, inmigrante herido, recorrió veintidós kilómetros hasta llegar a un puesto de la Marina, para informar que habían sido secuestrados y asesinados 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, llevando a los marinos a unas naves abandonadas en un rancho del Ejido el Huizachal, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Era casi el final del gobierno de Felipe Calderón, quien en su llamada guerra contra el narco, había emprendido una campaña frontal contra los grupos del crimen organizado, por ello el 10 de septiembre de 2010 salió a declarar que prácticamente se había resuelto la masacre de San Fernando con la captura de ocho de los responsables y que seis más habían muerto en un enfrentamiento para lograr su captura.

No obstante las declaraciones, en realidad no había avances en desmantelar la red de corrupción de “polleros” y autoridades que permitían el recorrido de los inmigrantes por territorio nacional y, como según se sabe, para este lamentable caso, los inmigrantes se encontraron con un grupo de Los Zetas que buscaron extorsionarlos o agruparlos a sus filas y al negarse fueron ejecutados.

Por lo anterior, en noviembre del mismo 2010 el relator especial de las Naciones Unidas demandó del gobierno mexicano una explicación clara de lo sucedido en San Fernando, así como la presentación de un programa de gobierno para investigar y prevenir este tipo de hechos; por lo que también los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y la OEA le pidieron al gobierno mexicano la aclaración de los hechos y encontrar a los asesinos, hasta la fecha no se ha cumplido.

Las diferentes investigaciones no llegaron a nada en concreto, incluso hay contradicciones entre lo declarado por el ecuatoriano sobreviviente y lo que la Marina informó, y extrañamente el informante nunca declaró ante el Ministerio Público y a los tres días fue trasladado a Ecuador, donde prácticamente desapareció.

La memoria histórica es importante para el desarrollo de los estados, con ella se evita repetir los errores y horrores del pasado; sin embargo, nuestros gobiernos tienen una memoria muy corta y vamos cayendo en un error tras otro; todavía no resolvemos una investigación cuando ya tenemos una nueva situación.

Durante todos los gobiernos hay crímenes emblemáticos pendientes de resolver, los de San Fernando del gobierno de Calderón, tenemos Ayotzinapa y Tlatlaya, en el de Peña Nieto, hasta llegar a los asesinatos en el nuevo gobierno como son los de la familia LeBarón, en Chihuahua.

¿Qué sucede que no hemos podido construir investigaciones profundas, coherentes, serias, que nos muestren a los verdaderos responsables, será que las cadenas de corrupción lo hacen imposible y mientras nadie quiera sacrificar cabezas importantes dentro de las diferentes instituciones, nunca conoceremos ninguna verdad y no habrá verdaderos responsables? Mientras, seguiremos dando vueltas en el círculo vicioso.