“He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”
Charles de Gaulle
En todo gobierno existe una constante relación entre el derecho y la política, por ello los gobernantes tienen que tomar sus decisiones lo más apegadas al derecho, y cuando no es así son duramente criticados e incluso, cuando son decisiones evidentemente antijurídicas, los afectados o los actores políticos pueden oponerse a dichas políticas mediante los procedimientos legales correspondientes y con ello muchas veces se pueden revertir dichas decisiones.
A lo largo de la historia diversos estudiosos de la política han argumentado en qué consiste ésta; en la Grecia antigua Platón se refería a ella como el fruto de la observación de la realidad y los cambios sociales, mientras que Aristóteles se refería a ella en términos científicos para que con base en ello se tomaran las decisiones. Sin embargo, Nicolas Maquiavelo, en el siglo XV, la consideraba como una lucha de poderes y así llegamos a los siglos XIX y XX con Carl Schmitt, quien la consideró como una dialéctica amigo-enemigo; lo cierto es que en todos los tiempos y todos los gobernantes la han utilizado para poder concretar sus planes.
Por su parte, el derecho consiste en un orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, fundado en un Estado de derecho, en el cual dichas normas hayan sido creadas mediante el órgano legislativo legalmente constituido y mediante los procesos preestablecidos para ello.
La política no puede alejarse demasiado del derecho, cuando eso sucede se puede tachar al gobernante de dictador o de un totalitario, ya que las razones políticas deben estar sustentadas en el derecho, pues de lo contrario se propicia un caos jurídico, y se genera una lucha de poderes, pues por un lado el Ejecutivo tiene sus razones políticas en su toma de decisiones, pero por otro lado se encuentra el Poder Judicial, que debe revisar que las decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo no vayan en contra de las normas previamente establecidas, ya que en ese caso debe anular dichas disposiciones por ilegales y antijurídicas.
Cuando se tienen poderes ejecutivos muy fuertes, éstos pueden intentar imponer sus decisiones políticas por encima de las normas jurídicas, incluso en contra de la propia Constitución, poniendo en riesgo el Estado de derecho; sin embargo, hay ocasiones que las razones políticas son de notorio beneficio para la población y por ello se pueden tolerar, el problema surge cuando las razones son únicamente personales y esto es lo que no se debe permitir.
En un Estado de derecho fuerte debe haber un equilibrio entre la política y el derecho, sin que la política se imponga al derecho, puesto que las normas fueron creadas para proteger las relaciones entre las personas, y el Estado debe velar por los intereses de los ciudadanos, por ello cuando se respetan las leyes y su incumplimiento es castigado, de acuerdo a las propias normas, se tiene una mayor seguridad, certeza y confianza de la población en su gobierno, por lo anterior, debemos tener menos política y más derecho.
