“La razón por la que los hombres entran en sociedad es para preservar su propiedad”
John Locke
El derecho a la vida, a la libertad y la propiedad privada son derechos de primer orden y deben ser protegidos por las leyes en los estados democráticos. La propiedad se define como un derecho real que otorga a su titular el poder directo e inmediato sobre la cosa e impone a todos un deber de respeto; mientras que el derecho del arrendatario es un derecho de posesión derivada, que constituye un derecho personal y, por lo tanto, de menor rango jurídico al derecho de propiedad.
Lo anterior, no fue tomado en cuenta en la propuesta que presentaron grupos ciudadanos como Movimiento Urbano Popular y la Coalición Internacional para el Hábitat en conjunto con los coordinadores de Morena, Martha Ávila y José Luis Rodríguez, para reformar el Código Civil de la Ciudad de México, en materia de arrendamiento, en la cual proponen, entre otras cuestiones, que los contratos sean forzosos por tres años como mínimo, en lugar de un año como actualmente se encuentra.
La propuesta también contempla que el arrendador no pueda pedir fianza como garantía de cumplimiento; así como tampoco se pueda pedir un mes de renta de depósito; y lo más importante es que en caso de emergencia, desastre natural, declaración de emergencia ambiental o casos de fuerza mayor que paralicen la vida económica de la ciudad, puedan renegociar el pago de la renta e incluso dejar de pagar la misma por el tiempo que dure alguna de las causas enunciadas.
La propuesta de reforma atenta contra principios fundamentales del derecho como es el derecho de propiedad y la libre contratación, debiendo imperar la voluntad de las partes y la ley de la oferta y demanda, además de que el Código Civil ya tiene incorporada la llamada Teoría de la Imprevisión en el Artículo 1796 y 1796 Bis donde se establece que en caso de acontecimientos extraordinarios se puede modificar el contrato y ajustar las contraprestaciones.
Los promotores de la reforma consideran a los arrendadores unos abusadores y a los arrendatarios unas víctimas, en virtud de que la reforma propuesta sólo va encaminada a proteger a los arrendatarios, pero deben tomar en cuenta que muchos de los arrendadores son personas que invirtieron sus recursos en una propiedad para rentarla y vivir de esa renta, por lo que mientras se beneficia a unos se perjudica a otros.
La Ciudad de México había vivido varios años de crecimiento inmobiliario y con ello el mercado de las rentas creció, pero todavía hay un déficit de vivienda, aunado a que los juicios de arrendamiento se han agilizado y cada vez más personas rentan por las seguridades que se han logrado en la materia; sin embargo, la propuesta de reforma es un retroceso y una violación al derecho de propiedad, esperemos que nuestros legisladores no aprueben dicha propuesta.
