“La peor forma de injusticia es la justicia simulada”
Platón
Después de que la Cámara de Diputados resolvió sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso del Estado, el treinta de abril pasado, acordó con veintiséis votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, rechazar la declaración de procedencia de desafuero contra el mandatario.
Por lo anterior, el Congreso de Tamaulipas presentó un recurso de inconstitucionalidad, mismo que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá resolvió, desechándolo por improcedente, fundamentando y argumentando su resolución; sin embargo, en el Gobierno federal se esperaba una resolución en sentido contrario al resuelto, por lo que la decisión causó un gran revuelo en el Gobierno federal, y hasta se ha comentado de una traición del ministro González Alcántara, por haber sido designado por el propio Presidente de la República.
Después de la resolución del ministro González Alcántara, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de forma inusual se manifestó en contra de la resolución de la Corte, mientras que en el partido Morena declararon que iban a promover un juicio político contra el mencionado ministro.
En todo país democrático se deben respetar las resoluciones de los diferentes poderes, aunque no se esté de acuerdo con sus resoluciones. En México, las diferencias entre los diferentes poderes han sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no obstante, la resolución en el caso Cabeza de Vaca causó grandes críticas y observaciones sobre la poca claridad de la resolución y con diferentes interpretaciones a la misma, por lo cual el juez rompió el orden Constitucional y otorgó la orden de aprehensión.
Lo más sorprendente de toda esta historia judicial, es la orden de aprehensión que el juez concedió a la solicitud de la Fiscalía General de la República, sin atender a la resolución de la Corte, esto, sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del gobernador, pero siguiendo los principios procesales, parece que lo político se impuso sobre lo jurídico.
Por lo anterior, actualmente reina la incertidumbre, pues no queda claro qué sigue después de la orden de aprehensión; según algunos abogados litigantes, el gobernador tiene que interponer un amparo por la violación a sus derechos, y lo tendría que resolver un Juez de Distrito, debiendo tomar en cuenta la resolución de la Corte en la controversia Constitucional, pero por considerarse el lavado de dinero un delito grave, puede conceder el amparo, pero sin suspender la orden de aprehensión, y entonces aún con el otorgamiento del amparo podría ser encarcelado mientras se resuelve el fondo del amparo.
Con la aprehensión del gobernador García Cabeza de Vaca, se pierde el orden político, pues quedaría acéfalo el Poder Ejecutivo del estado, y el Congreso local tiene que nombrar un gobernador sustituto. De no hacerlo, el Senado de la República puede ordenar la desaparición de poderes y tomar el control del estado de Tamaulipas. Inicia el orden del caos.
