El presidente López Obrador anunció que el 16 de septiembre, cuando se celebra la independencia de nuestro país, anunciará la respuesta al proceso de consultas iniciado por Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). No es casualidad; este presidente ornamenta su narrativa con simbolismos. El empate de fechas tiene un propósito: así como México se independizó de España, su gobierno no será colonia de nadie, incluido Estados Unidos. No obstante, ese discurso flota en la fantasía en contraste a la realidad de nuestra interdependencia con nuestro vecino del norte.
Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Cerca del 80% de nuestras exportaciones se dirigen hacia el norte; compartimos la frontera más transitada del mundo, con más de un millón de cruces diarios y a través de la cual se comercia aproximadamente un millón de dólares por minuto. En las últimas tres décadas, la economía mexicana se ha diversificado y adaptado a la demanda estadounidense para aprovechar al máximo el libre comercio. Sectores como el automotriz y el agropecuario dependen en gran parte de la integración comercial regional. Millones de empleos cuelgan del hilo que se ha tejido entre estos países.
Estados Unidos es tan importante que, incluso un presidente como López Obrador, quien ha relegado la política exterior al fondo de sus prioridades, ha visitado ya en varias ocasiones al país del norte y ha sostenido encuentros múltiples con su homólogo estadounidense. Él y su equipo saben que no es posible prescindir de esa relación. Prueba de ello es que, tras la victoria presidencial de 2018, el único tema que se mantuvo de la administración anterior y en el que trabajaron ambos equipos durante la transición fue la renegociación de este tratado de libre comercio.
En 2020 entró en vigor el T-MEC. Contrario a lo que dice López Obrador sobre la culpa del gobierno anterior de entregar el petróleo a EE.UU., fue su propia administración quien negoció, firmó y ratificó el acuerdo. Como parte de los nuevos compromisos adquiridos se encuentran aquéllos que tienen que ver con empresas del Estado, con competitividad y con la protección de inversiones. Las contrapartes estadounidenses y canadienses afirman que las decisiones recientes de México en materia energética van en contra de esas cláusulas.
No es casualidad que el inicio del proceso de consultas se haya dado días después de la última visita de López Obrador a Washington. También Biden recurre a los símbolos. Seguramente en las discusiones privadas, el equipo de Biden planteó este tema y la respuesta de la delegación mexicana no fue la esperada. Las declaraciones del director de Pemex en la visita y el decreto de junio de este año mediante el cual favorecen a las empresas estatales tampoco ayudaron.
El problema es que los símbolos expresan mensajes, pero no ofrecen soluciones. A pesar de que los cantos antimperialistas resuenen en el zócalo en septiembre, la realidad es que el escenario de un panel que dictamine en contra de México suena más devastador. Difícilmente México ganará un caso contra dos países en el mismo posicionamiento. Hay que entender lo que puede implicar para nuestro país cualquiera de los desenlaces posibles.
El ideal sería conciliar antes de que finalice el período de consultas. De esta manera permanecemos dentro del T-MEC y gozamos sus beneficios sin perjuicios. Es poco probable dada la renuencia que hasta ahora ha expresado López Obrador sobre no hacer cambios en sus políticas públicas y las declaraciones de no haber cometido agravios en contra del tratado.
Si se establece el panel, arrancará un proceso que demorará meses, quizá años. De no resolver los reclamos de EE.UU. y Canadá, México enfrentará sanciones económicas estimadas en 50 mil millones de dólares. Además, las contrapartes podrán imponer aranceles que equivalgan los daños producidos por México, por lo que seguramente se irían contra productos agrícolas o manufactureros, lo cual restaría competitividad, atracción de inversiones y empleos a México.
En última instancia, la alternativa de salir del T-MEC es poco alentadora. La dependencia comercial profundizará los estragos de esta decisión. Los empleos, las inversiones, la disponibilidad de bienes, los costos de producción y la competitividad se verán terriblemente afectados.
En poco más de un mes escucharemos el posicionamiento de México sobre este tema. Por el bien de todos, para ese entonces se habrá avanzado en una solución que impida el establecimiento de un panel, lo cual parece poco probable hasta ahora. El Presidente aprovechará la ocasión para reforzar su imagen de un presidente que no se somete a intereses ajenos, pero al hacerlo, no se dará cuenta que afectará los de su propio país.
