E n una carrera, empezar antes o tener cualquier tipo de ventaja es hacer trampa. Las corcholatas de Morena renunciaron a sus cargos para iniciar sus “ante-precampañas” cinco meses antes de lo que establece la ley.
Encima, cada precandidato recibirá cinco millones de pesos por parte de Morena para estos recorridos de los aspirantes. Ningún partido de oposición ha hecho algo similar ni los jugadores han renunciado a sus puestos para iniciar extraoficialmente sus precampañas. Morena se ha encargado de alinear todas las fichas para ser el único ganador, pero sin una competencia equitativa. ¿Es válido el triunfo?
Al comparar las elecciones presidenciales anteriores, José Antonio Meade, candidato por el PRI, ejerció como secretario de Hacienda hasta el 27 de noviembre de 2017. Ricardo Anaya (PAN) anunció su candidatura el 10 de diciembre de ese año. Ambos se adhirieron a la ley, continuaron con sus funciones hasta seis meses antes de las elecciones. AMLO, el candidato de Morena en ese entonces, había estado en campaña años atrás. Iniciar con una ventaja es determinante.
La contienda de 2024 por la silla presidencial comienza con inequidad entre los competidores, con meses de antelación, con presupuesto que viene de nuestros bolsillos y/o fuentes sospechosas, y con un INE ahora liderado por una aliada de AMLO, en un contexto en el que no es necesario. Con el triunfo en el Estado de México, Morena cuenta ya con la amplia ventaja de gobernar 23 entidades con más de 90 millones de habitantes. Cuentan con la maquinaria electoral, el poder, los recursos, la inercia de la popularidad de AMLO. Romper las reglas, abusar del sistema e ignorar a las instituciones es absurdo.
Morena pretende difuminar estos delitos electorales con una simulación: la excusa de las corcholatas es aspirar a la Coordinación de Defensa de la Transformación. Ese puesto eventualmente evolucionará en 2024 a la candidatura a la Presidencia de la República. La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales señala que las precampañas no podrán durar más de 60 días, cuando las de Morena durarán 70. También indica que los participantes tienen prohibido realizar actos de proselitismo o propaganda, mismos que ya han arrancado cada uno por su cuenta. En paralelo, las corcholatas evaden las reglas de fiscalización del INE, al no presentar de dónde obtendrán los recursos.
El INE y el Tribunal Electoral cuentan con instrumentos para exigir transparencia, sancionar a las corcholatas e incluso anular candidaturas. Sin embargo, Guadalupe Taddei, la nueva Consejera Presidenta del INE es cercana a AMLO, y los integrantes del tribunal recibirán mucha presión para ser más laxos en torno a las faltas graves cometidas por Morena.
En un gobierno donde es más importante redimir las ambiciones políticas que el desempeño como servidores públicos, y en el que prevalece la estrategia electoral sobre el Estado de derecho, la carrera hacia la sucesión presidencial se correrá en un suelo disparejo e injusto. Aún no sabemos quién llegará a la meta, pero las condiciones apuntan a que ya conocemos al perdedor de la carrera: la democracia.
