La intelectualidad ha sido estudiada en nuestro continente como estamento socioprofesional que engloba aquellos creadores/difusores de ideas y sentidos, capaces de reformular y difundir los conocimientos más avanzados del arte y las ciencias humanas. Dentro del gremio, los llamados intelectuales públicos se reconocen por su vocación para intervenir sistemáticamente en la esfera pública acerca de temas considerados relevantes. Asuntos que rebasan muchas veces su área de especialización.
En el ascenso del intelectual público se mezclan el esfuerzo y capacidad personales, el rol de mentores y el impulso otorgado por redes de colegas, incluidos ciertos intelectuales funcionarios. Todos hacen posible la inserción en los circuitos editoriales, instituciones culturales, universidades y centros de investigación, capaces de proveer el sostén económico, e impulsar la socialización y comunicación con otros intelectuales, colectivos y públicos.
Y es que estos intelectuales procuran ejercer alguna influencia en ciertos segmentos de las élites y los públicos, a favor o en oposición a políticas y fenómenos sociales específicos. Su autoridad se sustentará en una mixtura –no siempre proporcional– entre competencia académica, postura ética y militancia política, expresada en capacidad de comunicación e incidencia públicas. En esa apuesta ante el poder, ha sido un error recurrente considerarnos siempre del lado de los oprimidos.
Las razones son varias. Para comenzar, porque si asumimos una visión más sociológica que normativa, debe reconocerse que en todo país existen intelectuales ligados al estado. Intelectuales a veces autocráticos, cuyos valores no son los de la deliberación, el pluralismo y la ciudadanía activa. Pensadores claramente filotiránicos, que justifican la noción de que un caudillo, una ideología o un partido tienen la potestad para decidir por todos los habitantes de una nación. Y esto lo encontramos tanto en las filas de las derechas como las izquierdas.
Una nueva forma del intelectual autoritario, diferente al clásico pensador filotiránico del siglo pasado, son los tecnólogos políticos. Expandidos tras el fin de la Guerra Fría, poseen el arte de maquillar el poder de Estados autoritarios en sociedades globalizadas1. A través de un ecosistema de ONG gubernamentales, medios de prensa autorizados e intelectuales leales, la tecnología política refuerza la gobernanza que instaura, a la fuerza, la violencia estatal.
Los tecnólogos políticos manipulan la opinión pública en beneficio del poder. Realizan un trabajo “creativo” en coyunturas sensibles –elecciones amañadas, escándalos políticos, protestas ciudadanas – construyendo la ilusión democrática bajo regímenes autoritarios. Dentro de la cobija del Estado autoritario, ideología oficial y tecnología política establecen una división del trabajo. La ideología oficial se orienta a la masa de la población, cautiva de medios e información tradicionales. Por su parte, la tecnología política seduce a segmentos conectados de las élites nativas y los públicos foráneos.
Vivimos en un mundo donde las ideas y prácticas del autoritarismo ganan espacio en las propias narices de la ciudadanía democrática. Están entre nosotros, aun antes de ganar el poder. Aprender a detectar y combatir sus manifestaciones es una tarea urgente. Al menos para quienes aún pueden, saben y quieren vivir en una sociedad abierta.
