AMLO calificó, a quienes no pagaban impuestos, de cretinos (estúpidos, idiotas, carentes de talento, según el diccionario de la RAE), y caraduras (sinvergüenzas, descarados, conforme al mismo diccionario), con lo cual insultó solo a una de las partes involucradas en el asunto, la de los contribuyentes incumplidos. Le faltó la otra, tal vez más cretina y caradura que la anterior: la de los gobernantes que abusan del cobro de impuestos.
Cobrar impuestos implica que el gobierno obliga a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su ingreso, que es el producto de su trabajo, lo cual fácilmente se traduce en dos tipos de abuso. El primero, cuando el dinero recaudado se destina a financiar tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno (lo cual plantea la pregunta de cuáles son sus legítimas tareas), como es el caso de los recursos destinados al desarrollo social, 65.57 por ciento del Presupuesto de Egresos para este 2023, o al desarrollo económico, el 26.32 por ciento, por lo que solamente el 8.11 por ciento se destina a financiar las tareas propias del gobierno, que son las relacionadas con la impartición de justicia, que consiste en prohibir que se violen derechos, en prevenir su violación y, en caso de que falle la prevención, en castigar al violador y obligarlo a resarcir a su víctima.
El segundo, cuando los recursos “se desvían” del objetivo para el cual fueron originalmente presupuestados o, para decirlo sin eufemismos, cuando los funcionarios públicos simple y sencillamente se los roban.
Tres son los poderes del gobierno: para obligar, para prohibir y para castigar. De entrada para obligar a los ciudadanos a entregar parte del producto de su trabajo, de su ingreso, que en eso consiste cobrar impuestos; para prohibir la evasión de impuestos; para castigarla, poderes que generan una asimetría entre el recaudador y el contribuyente, porque el poder y control del primero sobre el segundo es mucho mayor que el del segundo sobre el primero; porque el dominio del gobierno sobre los ciudadanos es mucho mayor que el de los ciudadanos sobre el gobierno, inclusive en las democracias, las repúblicas, los estados de derecho.
En escala de cero a diez, ¿qué tan cretinos y caraduras son los contribuyentes evasores de impuestos? En la misma escala, ¿qué tan cretinos son los funcionarios públicos malversadores de impuestos, y no tanto porque “desvíen” recursos del fin para el que fueron originalmente presupuestados, sino porque, con todas las de la ley, pero no de la justicia, se destinan a financiar tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno, como son las relacionadas con desarrollo social (redistribución gubernamental del ingreso), y económico (que también implica redistribución gubernamental del ingreso), que en México suman el 91.89 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación?
¿Qué hay que hacer para eliminar la asimetría que existe entre el grado de mando y fuerza que el recaudador ejerce sobre el contribuyente y el que el contribuyente ejerce sobre el recaudador, en particular, y para superar la desigualdad existente entre el grado de dominio y poderío que el gobernante ejerce sobre el ciudadano y el que el ciudadano ejerce sobre el gobernante, en general?
¿Qué hay que hacer?
