Empresas del Gobierno (1/5)

La contrarreforma energética, por la que Pemex y CFE dejan de ser empresas productivas del Estado, para volver a ser públicas, pone nuevamente sobre la mesa la pregunta de si el Gobierno debe tener empresas, si debe producir, ofrecer y vender bienes y servicios. La actividad empresarial, ¿forma parte de sus legítimas tareas?

Antes de comentar la contrarreforma energética, y de analizar sus posibles consecuencias, para la economía en general, y para las finanzas gubernamentales en particular, conviene tener claro cuáles son los cuatro problemas con las empresas del Gobierno

El primero es que (por lo general), las empresas gubernamentales son monopolios, operando al margen de la competencia y, por lo tanto, del único incentivo verdaderamente eficaz para lograr mayor productividad (reducir costos de producción), en beneficio de los empresarios (que en el caso de las empresas gubernamentales no existen), y mayor competitividad (ofrecer a menor precio y/o con mayor calidad y/o con mejor servicio), en beneficio de los consumidores (que en el caso de las empresas del Gobierno sí existen).

El segundo problema es que el derecho de propiedad en las empresas del Gobierno no está puntualmente definido (por no decir que no existe). ¿Quién, para el efecto práctico de ejercer el derecho de propiedad, que es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, es el propietario de Pemex (me refiero a la empresa, no al petróleo que, según la mitología petrolero/nacionalista, es propiedad de todos los mexicanos, lo cual es mentira porque la mayoría de los mexicanos no podemos usar, disfrutar y disponer del petróleo, no podemos ejercer el derecho de propiedad sobre el mismo). ¿Quién, para el efecto práctico de ejercer el derecho de propiedad, es el propietario de Pemex? ¿Todos los mexicanos? ¿El Presidente de la República? ¿El secretario de Energía? ¿Su director general? ¿El sindicato? ¿El secretario del sindicato? ¿Quién?

Las empresas del Gobierno tienen administradores, no dueños, lo cual genera incentivos para una gestión irresponsable, porque si el administrador no la gestiona bien y la quiebra, él, dado que no es dueño, no sufre un quebranto patrimonial, no habiendo un propietario que le reclame y lo llame a cuentas.

El tercero es que las empresas del Gobierno (por lo general), operan en sectores estratégicos de la economía, que proveen de bienes y servicios a las actividades económicas (como la industria petrolera o eléctrica), desde la producción hasta el consumo, por lo que su falta de competitividad, consecuencia de su condición monopólica, afecta a la economía, desde la productividad de las empresas hasta el bienestar de las familias.

El cuarto problema, el más grave, es que las empresas gubernamentales son operadas (por lo general), sin afán de lucro, lo cual da como resultado, en el mejor de los casos, que únicamente recuperen su costo de producción y, en el peor, que incurran en pérdidas y en la necesidad de ser subsidias, necesidad que el Gobierno cubre, echando mano de los impuestos y ocasionando presiones adicionales sobre sus finanzas, lo cual, más allá de cierto límite, origina crisis económicas.

La actividad empresarial, ¿forma parte de las legítimas tareas del Gobierno?

Continuará.