De los impuestos (4/5)

Escribí en el anterior Pesos y Contrapesos que el gobierno es un mal necesario. Necesario por el bien que debe proveer: prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos.

Mal por la manera de financiarlo: cobrando impuestos, obligando a los ciudadanos a entregarle parte de sus ingresos, ingresos que son el producto del trabajo, lo cual viola el derecho a la propiedad privada del producto íntegro del trabajo. ¿Cómo justificarlo? Cobrando el mismo impuesto a todos para darle a todos lo mismo. Dicho de otra manera: no usando los impuestos para redistribuir el ingreso.

Si el gobierno le cobra el mismo impuesto a todos, sin excepción, para darle a todos lo mismo, sin excepción, no utiliza, ni el cobro de impuestos, ni su gasto, para redistribuir el ingreso, para quitarle a Juan lo que, por ser producto de su trabajo, es propiedad de Juan, para darle a Pedro lo que, por no ser producto de su trabajo, no es propiedad de Pedro, lo cual es un robo con todas las de la ley, ley que de ninguna manera lo hace justo. No confundamos lo legal con lo justo. No confundamos la legalidad con la justicia. No lo confundamos, mucho menos cuando del cobro y gasto de impues-

tos se trata.

La justificación correcta del cobro de impuestos es que no se utilice, ni su cobro ni su gasto, para redistribuir el ingreso. Que se cobre el mismo impuesto a todos, para darle a todos lo mismo. ¿Y qué es lo que el gobierno debe darle a todos por igual? Prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos, todo lo cual es la columna vertebral del Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, comenzando por los naturales, aquellos que le persona tiene por el hecho de serlo: vida, libertad individual, propiedad privada.

El primer problema es que ningún gobierno es capaz, al cien por ciento, de prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos: siempre habrá un grado de delincuencia (falla la prohibición y la prevención), y un grado de impunidad (falla el castigo y la resarcida), lo cual le resta legitimidad al cobro de impuestos: el gobierno cobró el mismo impuesto a todos (suponiendo que lo haya hecho), pero no a todos logró darles lo mismo. No consiguió impartir justicia para todos.

El último problema es que gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir el ingreso: de quitarle más a unos para darle más a otros, no para garantizar derechos sino para satisfacer necesidades, algo muy distinto. Basta ver los presupuestos de egresos de los gobiernos para comprobarlo. En 2022 el 64.94 por ciento del Prepuesto de Egresos de la Federación será gasto social, es decir, redistribución del ingreso.

El sistema tributario correcto es el del impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción de objeto o sujeto gravable), no expoliatorio (destinado a financiar solamente las legítimas tareas del gobierno: prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos), a la compra de bienes y servicios para el consumo final (no a la generación de ingreso, no al patrimonio, no a las inversiones directas).

Continuará.