En México basta y sobra que el Poder Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Poder Legislativo lo apruebe, para que los ciudadanos tengamos que entregarle al fisco una mayor parte del producto de nuestro trabajo, de nuestro ingreso, del cual, directa o indirectamente, pagamos todos los impuestos.
Lo anterior quiere decir que en México la discrecionalidad del gobierno (poderes Ejecutivo y Legislativo), a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos y a quién cobrárselos, es total, lo cual implica algo muy grave: que el derecho de propiedad privada sobre el ingreso, sobre el producto del trabajo, no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual es propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas, por lo cual es Estado de justicia.
Lo anterior es una muestra, entre muchas otras, de la falta de respeto al derecho de propiedad privada, que es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, que siempre implica el uso de alguna propiedad, por lo que, en la misma medida en la que amenazas, limitas o eliminas la primera, amenazas, limitas o eliminas la segunda. Pongo un ejemplo relacionado con los impuestos.
Supongamos un país en el cual a las personas no se les prohíbe (¿por qué habría de prohibírseles?), consumir, asumiendo personalmente el riesgo y la responsabilidad (por ejemplo: de consumir sustancias dañinas para la salud), lo que les dé la gana. En ese país el derecho a la libertad individual para consumir está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. Mientras no violes derechos de terceros, y asumas personalmente el riesgo y la responsabilidad por tu conducta, consume lo que te dé la gana.
Para consumir bienes y servicios hay que comprarlos, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que trabajar, para lo cual hay que participar en la producción de bienes y servicios por los cuales alguien esté dispuesto a pagar un precio. Sin la generación de ingreso, al menos que a uno le regalen los satisfactores, ¡pagados con el ingreso generado por alguien más!, no hay manera de consumir.
Supongamos que en ese mismo país, en el cual a las personas no se les prohíbe consumir lo que les dé la gana, el gobierno se queda, cobrando impuestos, con el cien por ciento de los ingresos generados por los agentes económicos, por lo que, para todo efecto práctico, los esclaviza. En ese país el derecho a la propiedad privada sobre el ingreso, que es el producto del trabajo, no está plenamente reconocido, puntualmente definido, jurídicamente garantizado, por más que, al menos en apariencia, el derecho a la libertad individual para consumir sí lo esté. Y escribo en apariencia porque en realidad no lo está.
Si para consumir necesitas comprar los satisfactores, y si para comprarlos necesitas ingresos, no puedes consumir si no los tienes, y no los tienes, no porque no los hayas generado, sino porque el gobierno te cobró el cien por ciento de impuestos sobre tu ingreso.
Si limitas la propiedad privada (cobrando impuestos al ingreso o expropiando medios de producción), limitas la libertad individual, porque la primera es la condición de posibilidad del ejercicio de la segunda.
Continuará.
