Secretaría de Economía (1/2)

En una verdadera economía de mercado, en el sentido institucional del término, en la cual los derechos de los empresarios a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo, una organización como la Secretaría de Economía (SE) sale sobrando.

La misión de la SE es, según leemos en sus documentos oficiales, “desarrollar e implementar políticas integrales de innovación, diversificación e inclusión productiva y comercial, así como de estímulo a la inversión nacional y extranjera, propiciando el aprovechamiento de los recursos minerales e impulsando la productividad y competitividad de los sectores industriales, que permitan su integración a cadenas regionales y globales de valor, con el fin de contribuir a generar bienestar para las y los mexicanos”, todo lo cual se logra mejor con la economía de mercado en el sentido institucional del término, en función de la apreciación de los consumidores, quienes comprando o dejando de comprar dirigen todo el proceso económico, desde la producción hasta el consumo, y no en función de lo que los burócratas de la SE consideren los más adecuado.

La misión de la SE corresponde en buena medida a una economía gubernamental intervenida, más por criterios políticos que económicos, contraria al pleno ejercicio de la libertad individual y al uso íntegro de la propiedad privada como los agentes económicos, comenzando por los empresarios y terminando por los consumidores, consideren más conveniente para maximizar los beneficios.

Desde la innovación, diversificación e inclusión productiva y comercial, pasando por el impulso a la productividad y la competitividad de las empresas que operen en el país, hasta la integración de cadenas regionales y globales de valor, debe ser el resultado de las decisiones y elecciones de los empresarios, en función de las decisiones y elecciones de sus consumidores, sobre todo si aceptamos que el fin de la economía es el bienestar de los consumidores, para lo cual los empresarios deben estar, literalmente, a su servicio, ofreciéndoles lo que producen con la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad y mejor servicio, para lo cual se requiere de la mayor competencia posible, para lo cual es necesario que el gobierno permita que todo aquel, nacional o extranjero (lo que importa es la competencia, no la nacionalidad de los competidores), que quiera producir bienes y servicios con capital nacional o extranjero (lo que importa es el capital invertido directamente, no de qué país proviene; lo que importa es que el capital se invierta directamente en México, no su país de origen), u ofrecer satisfactores hechos en México o importados (lo que importa es la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, no dónde se produjeron), lo pueda hacer, reconociendo plenamente, definiendo puntualmente y garantizando jurídicamente los derechos de los empresarios a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo, derechos que, por ser parte de los derechos humanos, son de todos los empresarios, no solo de los empresarios mexicanos.

Continuará.