Una de las políticas económicas que mayor controversia y sorpresas provocaron el año pasado en el corazón de la crisis fue la fiscal. Cuando prácticamente todo el mundo, especialmente los países desarrollados, incurrió a través de políticas contracíclicas en sendos déficits fiscales —y los consiguientes incrementos en la deuda pública—, en México, por el contrario, se optó por una política procíclica que no ayudó al crecimiento económico, pero, por otro lado, mantuvo la sustentabilidad de la deuda pública.
El reciente reporte fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) pone claramente de manifiesto estas tendencias. Si tomamos el balance primario (gasto total menos el costo financiero) cíclicamente ajustado (señala el impulso fiscal al crecimiento o ausencia del mismo), vemos que mientras los países emergentes tuvieron en promedio un déficit de 6.2% del PIB y los desarrollados uno de 7.6%, ambos tratando de apoyar el crecimiento, México, por el contrario, mostró un pequeño superávit primario de 0.5% del PIB. Es decir, la política fiscal en México durante la crisis vino prácticamente a contrapelo de la tendencia mundial de apoyo al crecimiento.
Cabe notar que, a pesar de la posición procíclica del balance primario en México, hubo un importante apoyo relativo al crecimiento de la economía, ya que frente a la decisión que se tomó de no incrementar el endeudamiento público, la autoridad hacendaria realizó un enorme esfuerzo por aumentar la recaudación de ingresos tributarios (especialmente ISR) que en complemento con otros ingresos extraordinarios (los fondos de estabilización y el remanente de Banxico), fue posible mantener el nivel del gasto público respecto al año anterior (evento extraordinario frente a la caída del PIB de 8.5%), dando continuidad a los programas sociales y evitando así una mayor caída del PIB y un deterioro adicional en el bienestar de la población.
Como contraparte de esta política fiscal, están los resultados sobre el endeudamiento del sector público. Que, en el caso de México, siguiendo los datos del FMI, la deuda pública bruta medida como porcentaje del PIB ascendió hasta 60.6% en 2020 desde 53.3% un año antes. El aumento no se debe a la mayor contratación de deuda, sino a la depreciación del tipo de cambio -que incrementa la deuda externa en pesos- y a que el PIB es más pequeño.
Este incremento de la deuda pública en México de 7.3 puntos porcentuales (pp) del PIB contrasta favorablemente con el incremento de 16.3 pp en el promedio de los países desarrollados, de 18.9 pp en Estados Unidos de 15.7 pp en la India y de 11.2 pp en Brasil, solo por tomar algunos ejemplos.
Es todo un debate evaluar si la decisión tomada por el gobierno fue la correcta. Lo que es un hecho, es que la política de no endeudamiento presenta ahora beneficios inmediatos. En primer lugar, no incrementa el servicio de la deuda, por lo que no se ven más comprometidas por esta vía las prioridades de gasto del gobierno, además, permite que la calificación de la deuda soberana al menos se haya mantenido en una calificadora, y la principal ventaja, da sustentabilidad en el mediano plazo a las finanzas públicas. Para este año no se ve un cambio en la trayectoria de la política fiscal.
