Los diarios financieros no reportan anécdotas, sino tendencias y acontecimientos. Leí durante algunos años The Wall Street Journal y me sorprendía la ausencia de noticias sobre grandes protestas sociales, por ejemplo, como si se tratara de pequeñas tormentas o tornados, meras perturbaciones transitorias.
A los analistas financieros les importan las estructuras económicas. Antier leía en El Financiero que el jefe de inversiones en mercados emergentes de América de UBS Financial Services declaró que un triunfo abrumador de Morena impactaría en los mercados. Temen que una victoria holgada de ella suponga que los más radicales de Morena impulsen reformas al Poder Judicial. “Morena también podría aumentar su influencia sobre la SCJN nombrando jueces políticamente alineados”, señaló.
Pero las reformas al Poder Judicial las exigen no solamente los izquierdistas radicales que citan a Lenin y se miden lo rojo del pene. La sociedad que sufre homicidios y extorsiones también implora reformas.
Para los mercados y para muchos jueces es una anécdota que un grupo criminal haya recientemente exigido 2 mil pesos por niño, en Coatzacoalcos, a padres de familia de una escuela primaria, a cambio de que “no le ocurran accidentes” a los pequeños. Los guardagujas o verificadores del debido proceso ni se inmutan: no hay denuncia y no hay carpeta, no hay tema. Su trabajo es palomear listas de requisitos cumplidos por las fiscalías y, de paso, algunos de ellos ordenan en juicios de amparo que sus propias percepciones no puedan ser disminuidas.
Estos temas se discutirán el domingo en el último debate presidencial. Claudia Sheinbaum está pidiendo que le concedan una mayoría calificada en el Poder Legislativo para reformar la Constitución y renovar al Poder Judicial, que ahora sería electo. Xóchitl Gálvez enfrenta un dilema: podría hablar en nombre de los inversionistas y del Poder Judicial y rechazar tal reforma. También podría tomarse en serio las “anécdotas”: que a importantes criminales se les libera, que con inocentes pobres sí somos punitivistas, que la extorsión no merece prisión preventiva, etc. Podría asegurar que la oposición estaría dispuesta a aprobar una reforma judicial, sin necesidad de que la 4T tenga mayoría calificada.
Ya sé, lector, estás pensando en Bukele. Quienes nunca habían estudiado la situación de El Salvador ni han investigado cuántos pandilleros llevaban en sus tatuajes la confesión de haber cometido asesinatos, hoy lo usan siempre de ejemplo. Pero Sheinbaum no ha aplaudido las medidas del presidente salvadoreño ni Xóchitl tendría por qué usarlo de referente.
Nuestros dilemas, si bien conectados con lo que ocurre en otros países de América Latina, son propios. Son qué hacer con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Cómo sensibilizar a esa generación de jueces que cree que el debido proceso es uno, escrito en las nubes, sin adaptarse según cultura y nivel de desarrollo. Y el dilema para la sociedad mexicana es si hace realidad lo que tanto temen los mercados: darle a la futura Presidenta la responsabilidad entera de pacificar al país, con los riesgos y esperanzas que eso implica.
