Con la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente, supuestamente los privados seguirían interviniendo en el sector con 46%. Pero la frase constitucional sería la siguiente: “El sector privado participará hasta en el cuarenta y seis por ciento de la generación que requiera el país”. La palabra “hasta” implica un tope, o sea que puede ir desde cero hasta 46%. ¿Y quién y cómo decide cuánta electricidad “requiere el país”? Si hoy el Gobierno confunde al pueblo con sus simpatizantes, puede confundir sus propios límites con los del país, sus ideas con las verdaderas necesidades de electricidad de la nación.
Quienes creen que los ecologistas no debemos estar preocupados, no han leído la parte de la reforma que da prioridad a la electricidad sucia de las centrales térmicas de la CFE. Ésta, obviamente, va a favorecer el despacho de la electricidad que ella misma genera. Y, oh sorpresa (o, más bien, oh, no sorpresa): ella opera con carbón y otros combustibles fósiles, como combustóleo. El artículo cuarto transitorio de la iniciativa señala literalmente lo siguiente: “La participación en la generación eléctrica del sector privado, se sujetará a la planeación y control a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y a su regulación para la continuidad y confiabilidad de la electricidad, garantizando en todo momento la continuidad de la generación para la prestación del servicio público de electricidad”. Es decir, que se pretende dejar la producción y el despacho a discreción de un agente económico que rivaliza con otros en generar electricidad.
En el resto del mundo, el control de los sistemas no se pone en manos de quienes proveen electricidad, por la razón obvia de que se debe evitar un conflicto de intereses que perjudique al consumidor y al medio ambiente. Por eso, cuando AMLO aclara en una mañanera que no se planea construir más plantas que funcionen a carbón o combustóleo, toca responderle respetuosamente: tampoco se les debe dar prioridad a las ya existentes, porque son caras, contaminan el aire y aumentan el calentamiento global.
El artículo 28 constitucional, si se reforma como propone el Presidente, proclamaría literalmente: “La Comisión Federal de Electricidad […] estará a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta”. La Iglesia en manos de Lutero. El doctor Mario Molina estaba convencido de que AMLO no era consciente de que el cambio climático es un problema “y menos un problema de emergencia”. Bartlett y Nahle tampoco. ¡Cómo se les puede confiar a los escépticos la descarbonización, siendo que es un asunto de supervivencia de la humanidad!
Además, las declaraciones de buenas intenciones, como la del artículo 28 constitucional propuesto, no serían exactamente normas. Que se diga en la Constitución que un organismo del Estado encabezará la transición energética no es igual a la obligación constitucional de cumplir el Acuerdo de París. Greta Thunberg diría que es, más bien, bla, bla, bla.
