Vivimos una época de oro que también es de gran riesgo para la justicia. De oro porque los jueces dirimen, como nunca antes, asuntos de tremenda importancia para el rumbo del país (reforma energética, equidad electoral, vacunación, entre muchos otros); por la apertura del juicio de amparo a activistas con “interés legítimo” y por la aprobación de una reforma profunda a la defensoría de oficio y al sistema de precedentes.
Momento de gran riesgo porque los amparos de ciudadanos y empresas exasperan al Poder Ejecutivo, y éste ya ha dado manotazos en la mesa y quiere intervenir a través de la figura del ministro presidente Arturo Zaldívar.
En algunos casos, no se podía evitar incomodar al Gobierno federal. La reforma a la Ley Eléctrica fue tan contraria a la Constitución y a los compromisos de México con el medio ambiente y con la inversión privada, que es preciso reconocer la valentía de los jueces que la suspendieron.
Pero esta ampliación de la presencia judicial en los destinos de la sociedad ha comenzado incluso a decidir sobre las rutas de aeronaves en el espacio aéreo, lo que nos obliga a cuestionarnos si un juez de distrito es quien debe resolver estos temas. Hay otras decisiones judiciales recientes en las que un juez sin conocimientos especializados afecta políticas públicas necesarias. Por ejemplo, desde Conacyt y Semarnat se considera estratégico contener al maíz transgénico y al glifosato, respectivamente un monocultivo y un herbicida que, juntos, afectan profundamente la biodiversidad en México, centro de origen del maíz. No es lo mismo sembrar este grano y dejar vivir quelites, huitlacoche e insectos, que exterminar con glifosato toda vida que no esté genéticamente modificada para resistirle. Pero el juez Francisco J. Rebolledo, violando los principios de precaución e in dubio pro natura, ha suspendido el decreto presidencial respectivo, a instancias de Monsanto.
AMLO promueve activamente que el presidente de la Corte extienda su mandato dos años. Los románticos creerán que es para implementar el nuevo sistema de defensoría de oficio y jurisprudencia (ahora cada sentencia de la Suprema Corte, si alcanza ciertos votos, será un criterio obligatorio, sin necesidad de esperar a que se reitere 4 veces ininterrumpidas). Pero los maquiavélicos creen que, más bien, el verdadero objetivo es acabar con el “gobierno de los jueces”. Y eso es riesgoso. El ministro Zaldívar parece anteponer la “justicia” a la letra de la ley, como le gusta a AMLO. Suena bien. La sociedad lo vio con el caso Florence Cassez: era justo liberarla y Zaldívar no reparó en minucias formales. Pero el populismo es populismo en el Ejecutivo y en la Corte. Si AMLO considera “pueblo bueno” al que embona mejor con sus prejuicios, los jueces populistas llaman “justicia” a lo que se adapta mejor a sus emociones del momento. Como el juez Rebolledo que no entiende de biodiversidad y derecho ambiental. O el ministro presidente, que quizá anhela prolongar su mandato en contra de la letra expresa de la Constitución.
