La semana pasada avanzó la reforma a la Ley de Amnistía con la que legisladores de Morena y aliados buscan facultar al Presidente para que aplique este beneficio sin que existan intermediarios.
Esto quiere decir que una persona que está siendo juzgada en los tribunales o que ya haya sido sentenciada por el delito que sea, el Presidente tiene un superpoder por encima del poder judicial y aunque sea culpable de cometer el delito, le pueda dar amnistía.
Indultar o liberar a presos ya no requerirá de una comisión especializada para que se analice cada caso en los que se puede aplicar, incluso si se es secuestrador.
El pasado 24 de abril, durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aplicaría las nuevas reglas de la Ley de Amnistía con Israel Vallarta, acusado de liderar a la banda criminal Los Zodiacos. Uno de los argumentos, dijo, sería revisar “cómo trabajan y cómo actúan los jueces y el Poder Judicial”.
Israel Vallarta y su expareja sentimental, la francesa Florence Cassez, fueron detenidos en diciembre de 2005. Él permanece en el penal del Altiplano, Estado de México, acusado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, y a casi dos décadas no ha sido sentenciado.
Florence, tras 18 meses de procesos judiciales, el 25 de abril de 2008 fue condenada a 96 años de prisión, después se redujo su sentencia a 60 años. El proceso creó un conflicto diplomático entre México y Francia.
Ella nunca fue absuelta del delito por el que estaba condenada a 60 años de prisión. Logró su libertad por fallas al procedimiento judicial que se le siguió.
La realidad es que los abogados de muchas personas acusadas de delitos graves como es el secuestro —es el caso de Vallarta—, interponen distintos recursos para que no se les dicte sentencia y los detenidos puedan buscar beneficios.
Israel Vallarta y su defensa saben que son culpables, como lo es Florence Cassez, señalada de participar en los secuestros. Pero también saben que hubo violaciones en el debido proceso y esto le dio una ventana a Cassez para ser liberada e Israel Vallarta espera lo mismo.
Y es verdad, hubo irregularidades en el proceso de detención de Cassez y de Vallarta aquel 9 de diciembre del 2005. Los policías federales llegaron y verificaron que en ese predio habitaban Cassez e Vallarta. Ahí encontraron también a dos secuestrados: la señora Cristina Ríos Valladares y su hijo, de entonces 11 años, a quienes rescataron.
La violación al debido proceso de Cassez y Vallarta se dio porque, al ser detenidos, agentes de la Policía Federal decidieron esperar un tiempo antes de ponerlos a disposición del Ministerio Público para que pudieran llegar los medios de comunicación a registrarlo.
Mal. Se debió de haber contactado al consulado francés y haberlos puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público. Ese fue un error, pero nadie negó en ese momento que estos personajes sí cometieron secuestro, torturaron y mutilaron a sus víctimas.
Cuando comenzó el movimiento para liberar a sus secuestradores con mucha valentía la señora Cristina Ríos Valladares escribió una carta narrando su calvario en el rancho Las Chinitas, donde estaba secuestrada cuando la Policía Federal llegó.
La señora Ríos Valladares relató que Cassez le sacó sangre a ella y a su hijo, y mostró las marcas de los golpes que tenía dos meses después de haber sido rescatada. La sangre la utilizaron para enviársela al padre del menor y así presionarlo a que pagara el rescate. Ríos Valladares también contó que durante su cautiverio, Cassez estaba iracunda porque Israel Vallarta, el líder de la banda, la acosaba (llegó a violarla), y le decía que se desquitaría con ella.
Además de por lo menos cinco víctimas, otros cuatro presuntos integrantes de la banda de secuestradores de los Zodiaco involucraron a Florence y a Israel en varios secuestros que realizaron de manera conjunta.
Todas las víctimas de la banda de los Zodiacos los reconocen como sus secuestradores.
El caso legal de Israel Vallarta dio un giro esta misma semana, en medio del debate por la reforma a la Ley de Amnistía, debido a que un Tribunal Colegiado de Apelación concedió un amparo a su favor con el que se exige que se revise si la Fiscalía General de la República justificó adecuadamente la prolongación de la medida de prisión preventiva.
De acuerdo con la resolución, se debe considerar si la autoridad ministerial proporcionó fundamentos sólidos para extender dicha medida cautelar.
En 2021, el presidente López Obrador intentó liberar a Vallarta con el decreto publicado para ejecutar la Ley de Amnistía. A la par su defensa comenzó a tramitar una serie de amparos para salir de prisión.
En ese momento, el Gobierno federal dijo que preliberarían a 681 presos como parte del acuerdo para sacar de prisión a reos que fueron torturados y que no han recibido sentencia en los últimos 10 años o que padecían alguna enfermedad crónica.
El entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó que Israel Vallarta no entraría dentro de las personas beneficiarias.
Dijo: “el señor Israel Vallarta enfrenta un proceso. Fue víctima de tortura, se acreditó mediante el mecanismo de Estambul, en el proceso seguido por el secuestro de Christian, sin embargo, hay otros procesos abiertos, en el cual no se ha acreditado la tortura, y por lo tanto no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto”.
Olga Sánchez Cordero, quien fue ministra y secretaria de Gobernación, hoy senadora, también explicó que Israel Vallarta tenía procesos penales abiertos.
Han pasado tres años desde que ambos funcionarios explicaron los motivos de por qué Israel Vallarta no puede ser indultado, pero el Presidente insiste en que podría ser beneficiario de un recurso.
Hay una razón específica del interés del Presidente López Obrador en el caso de Israel Vallarta, y es que quien realizó el operativo, donde se tardaron en poner a disposición a los secuestradores fue responsabilidad de Genaro García Luna, el extitular de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón y el reportaje se transmitió en el noticiero de Carlos Loret de Mola, ambas personas que son criticadas constantemente por el Presidente López Obrador.
Todo parece indicar que lo que se quiere es politizar la justicia y no proteger a las víctimas.
