A la cárcel por no casarse

Para mi mamá Bibi. Hoy el cielo está de fiesta por tu cumpleaños.

Te extraño todos los días.

Hace unos días nos enteramos del caso de Adriana, quien fue enviada a prisión por escapar y no cumplir con el compromiso que habían hecho sus padres  de casarla con un hombre 26 años mayor que ella.

Como se supone que por ley están prohibidas estas prácticas de usos y costumbres en las comunidades indígenas, se le dio la vuelta a la ley y el delito por el cual estuvo retenida fue el de “alterar el orden público”. La sancionaron  con una multa de 60 mil pesos tras discutir en la vía pública con su prometido. El novio argumentaba que la joven le dio una cachetada y que se negó a casarse, lo que le generó una pérdida económica de 60 mil pesos, por ello, exigía ese dinero de regreso.

No fue hasta que el caso de Adriana salió en medios de comunicación y en redes sociales, que la justicia de San Tomás la liberó. Le habían dado la razón a un hombre de 45 años que en realidad no residía en la comunidad, pues de acuerdo con reportes, viajó desde Tijuana para casarse con la joven, a la que iba a llevar con su familia para que sirviera principalmente en actividades domésticas.

No tengo la certeza de que en el caso de Adriana, esta joven hubiera estado en riesgo de ser cooptada por personajes dedicados a la trata de personas, pero sí es el modo de operar de estas personas. Lo que sí declaró Adriana, es que este señor la quería para que sirviera a su familia.

Adriana es originaria de Santo Tomás, una comunidad de Atlapexco, uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo. Ahí, un grupo de topiles, guardias comunitarios, la mantuvieron retenida esperando que aceptara cumplir con lo que en la región se conoce como “usos y costumbres”.

La comunidad de Santo Tomás, de donde es originaria Adriana, apenas supera los 700 habitantes.

Barbarie en el siglo XXl

El entregar a las hijas para casarse en los usos y costumbres está prohibido por la ley, pero bajo cualquier otro argumento, las niñas y jóvenes son obligadas a contraer matrimonio con quien los padres se hayan arreglado a cambio de un beneficio económico. Es muy común, por ejemplo, en estados como Hidalgo, Oaxaca y Guerrero.

Les he platicado en este espacio que en el 2002 me tocó hacer un reportaje que marcó mi vida, y fue precisamente la venta de niñas y mujeres en la zona triqui de Oaxaca. Ahí, la venta de mujeres era una práctica común, las niñas eran vendidas entre dos mil y ocho mil pesos, hombres de edad avanzada adquirían jovencitas, muchas veces niñas que apenas se convertían en adolescentes, de entre 11 y 14 años.

Lo que me tocó ver como reportera es que en esa región no se le venden a cualquiera, existe una tradición en la cual el interesado tiene una conversación con un señor de edad avanzada, que es elegido por la comunidad por representar la sabiduría, quien consulta al padre de la muchacha para hacer el trato.

Además, interviene una mujer que “lee las cartas” para pronosticar el futuro de la pareja. Si el resultado es bueno, se cierra el trato. Nunca se toma en cuenta la opinión de la futura esposa.

Una vez negociado el asunto, se espera a que sea miércoles por la noche; con antorchas y bebida en mano, el hombre va acompañado de su familia a pedir la mano de la niña. Se da entonces una plática con el padre y la madre, pero a la prometida no se le permite cruzar palabra alguna con el que será su marido.

Cuando le pregunté a la niña que si estaba de acuerdo con ese matrimonio, ella me dijo: “Yo hago caso a lo que mi padre me pide”.

Han pasado 21 años y aún seguimos viendo estas prácticas que deberían estar erradicadas. En la montaña de Guerrero ocurre lo mismo, donde en 2021 documenté que se estimaba habían vendido u obligado a casarse al menos a 300 niñas y adolescentes a cambio de 40 mil pesos.

Esto pese a que en 2019 firmaron un acuerdo alcaldes y pobladores, para prohibir esta práctica que atenta contra la dignidad de las niñas y adolescentes.

Según un estudio de la organización Save the Children, una de cada 100 niñas menores de 12 y 14 años son obligadas a contraer matrimonio con hombres mayores de edad.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) señala que 326 mil mujeres mexicanas fueron “robadas” en contra de su voluntad para casarse y que 193 mil se casaron a cambio de dinero, propiedades o regalos a sus padres, para que celebraran matrimonios “arreglados”.

Desde el 2019, el matrimonio infantil está prohibido en nuestro país, y en marzo de este año, el Senado de la República avaló endurecer las penas con hasta 22 años de cárcel a quienes organicen o celebren “cohabitaciones forzadas”. Pero sigue ocurriendo muchísimo.

Como sociedad mexicana nos espantamos cuando supimos del caso de Mahsa Amini, la joven de 22 años, quien murió en Irán tras ser detenida por no llevar de manera correcta su hiyab, y que poco después de entrar a la sede de la policía fue trasladada en coma al hospital y murió a los tres días.

Las protestas se hicieron mundiales. Esto provocó que en Irán cientos de jóvenes, en su mayoría mujeres, salieran a las calles a protestar contra la policía de la moral. Por varias semanas vimos las escenas de jovencitas quitándose el hiyab, exigiendo justicia por Mahsa.

Más de 450 personas fueron asesinadas por protestar y 14 mil más fueron detenidas en un país donde las mujeres no pueden quitarse el velo o traerlo mal puesto sin ser expuestas a que la policía de la moral pueda acabar con sus vidas.

Mientras que en Afganistán, el régimen de los talibanes prohíbe a las mujeres salir solas a la calle, sólo pueden ir acompañadas por un hombre de la familia. Ya no pueden estudiar, ni trabajar, ni manejar un coche y mucho menos pueden elegir su ropa, porque se les tapa con un burka.

Con estas prácticas que se tienen en algunas zonas de México, de forzar a menores de edad a casarse al mejor postor, estamos en cuestión de derechos humanos de la mujer al nivel de Irán o Afganistán.