Hoy circular por muchas de las carreteras de México es una actividad de altísimo riesgo.
Implementan vigilancia
Asaltos, secuestros y desapariciones se dan constantemente cuando familias enteras buscan desplazarse de un lugar a otro.
El crimen se está apoderando de nuestras vías de comunicación.
Una de ellas es la autopista que conecta a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Monterrey, Nuevo León, conocida como la “Carretera del Terror”, donde, en los últimos meses, han desaparecido personas sin importar edad, sexo o posición social.
Y no es para menos, tan sólo de enero a junio han sido reportadas por lo menos 73 víctimas.
Algunas han sido liberadas, pero nunca se ha explicado cómo, tal parece que las autoridades ni siquiera han intervenido en estos rescates.
Los desaparecidos son desde operadores de tráiler que transportan mercancía, taxistas e incluso algunas familias que intentan llegar de Monterrey a Estados Unidos.
No estamos hablando de una carretera solitaria, es una de las más importantes del país, y donde se transporta el 80 por ciento del comercio que circula entre México y Estados Unidos.
Sólo en la carretera federal Monterrey-Nuevo Laredo circulan diariamente alrededor de 14 mil camiones, tanto de mercancía de exportación como de importación.
Es una vía de comunicación estratégica para transportar mercancía.
De acuerdo con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), por esta vía se transportan anualmente 300 mil millones de dólares en materia de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y Canadá.
Las desapariciones de personas se han intensificado desde el 2020, y es que esta vía de comunicación es muy importante para el comercio internacional, pero también para los criminales.
Es una ruta que se utiliza para traficar desde migrantes hasta droga hacia Estados Unidos. Es una carretera que buscan controlar distintos grupos criminales como el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, una facción de Los Zetas vieja escuela.
Lo nuevo de esta tragedia es que estos grupos criminales buscan el control, pero el negocio no sólo está en el tráfico de migrantes y drogas. Ahora ya están asaltando y extorsionando a la sociedad civil para poder tener dinero fácil y rápido que les permite financiar sus actividades ilícitas.
Pero las autoridades no le habían dado la importancia a estas desapariciones hasta que colectivos, amigos y familiares de las víctimas alzaron la voz para exigir justicia y buscar a sus hijos, padres, hermanos y tíos, todos son buscados por familiares que se organizaron en el grupo “Todos Somos Uno”.
Sólo así fue que apenas la semana pasada autoridades de Nuevo León y Tamaulipas iniciaron la búsqueda de personas desaparecidas. También se desplegó un operativo con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales de ambos estados.
Pero las denuncias de esas desapariciones llevan meses.
Activistas aseguran que entre los puntos más peligrosos en Nuevo León se encuentran la caseta de San Carlos, en el municipio de Vallecillo, y el tramo carretero que pasa por el municipio de Sabinas Hidalgo; mientras que en Tamaulipas señalan a la antigua caseta aduanal del kilómetro 26 de Nuevo Laredo y la colonia Alijadores.
Entre los desaparecidos se encuentran Pedro Jesús Castro Villarreal, operador de taxi de la plataforma Didi, quien desapareció cuando realizaba un servicio hacia Nuevo Laredo, el pasado 23 de abril del 2021. Tiene dos niñas de cinco y nueve años de edad, y un niño de 13; por ello su esposa, Juana María Prado Vega, lo busca sin descanso.
También hay por lo menos siete estadounidenses, como Gladys Pérez y sus dos hijos, Juan Carlos, de 16 años de edad, y Michelle Cristina, de nueve, de quienes no se sabe nada, luego de que visitaron a un familiar en Sabinas Hidalgo, y tomaron esa carretera para regresar a su hogar en Texas.
Esto ha hecho que Estados Unidos voltee a ver este punto de México, por lo que el FBI ha solicitado información a las autoridades de nuestro país por los estadounidenses desaparecidos.
También investigan la desaparición de Luis Dávila Cadena, un contador público de 32 años originario de Arkansas, quien se dirigía en auto al Puente Internacional II Abraham Lincoln de Nuevo Laredo, después de visitar a familiares y amigos en Monterrey, se estacionó en una gasolinería sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde mandó un mensaje de celular a su familia para avisar que estaba cerca de cruzar a Estados Unidos. Ésa fue la última vez que tuvieron contacto con él.
El Departamento de Estado de la Unión Americana emitió una alerta de viaje para exhortar a sus ciudadanos no viajar a varios estados mexicanos por el riesgo de delitos y secuestros, entre ellos señala precisamente a Tamaulipas.
La zona se ha vuelto tan peligrosa, que incluso quienes fueron enviados para proteger y vigilar esa carretera han sufrido ataque de grupos armados, como el ocurrido este viernes 9 de julio, cuando el convoy por policías y familiares de desaparecidos fue agredido por hombres que desde un auto en movimiento les arrojó fragmentos de varilla soldada, conocidos como “ponchallantas”, lo que los obligó a detener la búsqueda ese día. El incidente no pasó a mayores y nadie resultó herido.
Pero lo que buscan los grupos criminales es tener el control de la carretera y amedrentar a la sociedad y desgraciadamente lo están logrando.
No podemos obviar las visitas de las autoridades estadounidenses a nuestro país. Su preocupación sobre la seguridad en la frontera con Estados Unidos es fundamentada.
La semana pasada estuvo en México el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, quien semanas atrás declaró que entre el 30 al 35% del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales.
No puede haber un desaparecido más en esa vía de comunicación. Debe de ser una prioridad para los gobiernos estatales, pero sobre todo para el federal, que es el responsable de esa carretera para garantizar el libre tránsito y la seguridad.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
