El kilo de limón cuesta hasta 90 pesos, es un incremento histórico, pero no es la primera vez que sucede que un producto como el limón o el aguacate incrementan sus precios de forma exponencial.
De acuerdo con el Comité Nacional Sistema Producto Limón Mexicano, el aumento del precio se adjudica como parte de los cambios climatológicos, la sequía reportada el año pasado, la crisis económica por la pandemia y el aumento de los precios de los fertilizantes y la gasolina.
Esto puede influir en el alza, pero el incremento real se debe en gran medida a las extorsiones que están sufriendo los agricultores en el estado de Michoacán.
No es nuevo. Las ganancias del narcotráfico en Michoacán son altísimas. No sólo por el trasiego de droga. Otras actividades, como el robo de mineral de hierro, de limón y aguacate y las extorsiones a empresas y municipios, además del cobro de piso a los empresarios, son todas actividades altamente redituables.
Como reportera he tenido la oportunidad de ir a Michoacán en los momentos más críticos. En el 2009 se dio la detención de Rafael Cedeño, líder de La Familia Michoacana. En esa época el estado estaba tomado por ese grupo criminal y por Los Templarios.
Políticos estatales de las más altas esferas del poder estaban involucrados con el crimen organizado.
Los secuestros, el cobro de piso y la invasión de propiedades, por parte del crimen organizado, eran cosa de todos los días. Muchos empresarios incluso se vieron obligados a dejar sus tierras y negocios para no perder la vida.
Michoacán era uno de los estados más complicados en temas de seguridad, con grupos del narcotráfico y autodefensas enfrentados entre sí. Durante un tiempo se pudo controlar la seguridad con el llamado Operativo Michoacán, pero en cuanto terminó, el crimen organizado, autodefensas incluidas, se apoderaron nuevamente de gran parte del estado.
En Michoacán hay muchísimas tierras para agricultura, pero también, por ejemplo, mineral de hierro, y además, están en un punto estratégico para poder exportar.
Ahí está el puerto de Lázaro Cárdenas, donde se hizo una inversión millonaria para rescatarlo, modernizarlo y convertirlo en uno de los principales de América Latina.
Se retomó en gran medida la seguridad, bajaron los índices de extorsión y muchos empresarios pudieron regresar a trabajar.
Por las nubes
Pero nuevamente el control del puerto y la tranquilidad para los empresarios duró poco, porque les conviene, y mucho, a los criminales.
Hoy, sin duda, es el peor momento en seguridad para Michoacán, una violencia que lleva más de 20 años.
Tierra Caliente, en Michoacán, es la región que produce el 27% de limón a nivel nacional, pero también es una tierra controlada por el crimen organizado.
Algunos productores han denunciado, de forma anónima, que el conflicto y acoso del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos provoca que decenas de hectáreas de limón hayan quedado en el abandono.
Entonces, si un kilo de limón costaba entre 10 y 12 pesos en la entidad, hoy su precio aumentó hasta en 65 pesos. Mientras que en los tianguis de limones de Apatzingán y Nueva Italia pagan el kilo entre 30 y 35 pesos a los productores; en diciembre de 2020 un kilo costaba cinco pesos.
Los grupos que operan en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Múgica, Parácuaro, La Huacana y Buenavista limitan el corte para encarecer el producto y así cobrar cuantiosas cuotas.
En las propiedades donde se cultiva el limón u otro producto, los delincuentes bloquean las rutas y luego cobran una extorsión por cada camión que dejan pasar. Las opciones para los productores son: pagan o los matan.
De acuerdo con reportes, las cuotas para los cortadores van desde los 500 a los cinco mil pesos, según el volumen de carga.
Existe un mercado negro en Tierra Caliente que opera de forma paralela a la producción de más de millón y medio de toneladas, que después se llevan a diferentes partes del mundo.
La región del Valle de Apatzingán es una zona llena de limón. Sólo en Aguililla, donde existía un gran número de habitantes dedicados a la producción de limón, fueron despojados de sus viviendas y tierras, utilizadas para este producto.
Los grupos criminales aprovechan las pésimas condiciones de carreteras para bloquear el paso de los productores. Esto es más evidente en donde la disputa es más álgida, como en Aguililla, Tepalcatepec y Buenavista, que provoca una merma del producto de 40 por ciento.
Oficialmente, en poco más de una docena de municipios michoacanos se concentra el grueso de la producción limonera, que rebasa las 900 mil toneladas anuales de la fruta y se estima que hay más de cinco mil productores.
En 2021, se cosecharon 800 mil 312 toneladas. Aguililla cuenta con mil 916 hectáreas de siembra de limón, de las cuales algunas han sido abandonadas. En Tepalcatepec, municipio colindante con Aguililla, y también golpeado por la violencia, sólo se cosecharon 105 de las mil 744 hectáreas sembradas en 2021, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
El problema de los productores de limón también fue evidenciado en julio y agosto del año pasado. Pero no sólo se trató de este producto; el aguacate, llamado oro verde, también era codiciado por los grupos criminales.
Michoacán es el primer productor del mundo de aguacate, con el 70% de la producción. Con el incremento de la demanda, especialmente de Estados Unidos, los cárteles de la droga también buscan tener bajo su control este producto.
Que los cárteles mexicanos controlen el negocio del limón y el aguacate no debería sorprender. Desde hace años las organizaciones delictivas diversificaron sus áreas de negocios fuera del tráfico de drogas, incluyendo el contrabando de minerales, hasta la extorsión de empresas, productores agrícolas y comerciantes. Lo que sorprende es que el Estado se los permita.
Los limoneros solicitan la intervención del Gobierno para garantizar la producción, dicen sentir el abandono, que no hay acompañamiento del Gobierno, que no existen apoyos a infraestructura; advierten que dejaron desprotegido el campo al reducir más del 80% del presupuesto.
Es muy complicado; la inseguridad, el alza en el precio de productos básicos, el robo, la extorsión y los miles de hectáreas que campesinos honestos y trabajadores han tenido que abandonar.
