La intensa confrontación que se ha venido dando desde el Poder Ejecutivo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes han defendido la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), es cada día más cruenta.
Así que avanza la discusión en el Congreso de la Unión para desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, tras la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Ignacio Mier, quien asegura que no se afecta a los trabajadores.
La realidad es que el dinero de esos fideicomisos es ahorro que ha tenido el PJF para poder hacerle frente a sus compromisos. Son casi 40 mil los trabajadores que serán afectados, y casi ninguno de estos trabajadores son los que tienen sueldos y prestaciones altas. Los recursos para las pensiones de los ministros de la Suprema Corte no se encuentran en estos fideicomisos, que además son instrumentos financieros totalmente legales.
El diputado morenista Ignacio Mier ha insistido en que la extinción de estos fideicomisos no trastoca los derechos laborales de los verdaderos empelados de este poder, pues asegura que nunca impulsará una iniciativa que atente contra los mexicanos. Es mentira, sí afecta directamente a miles de trabajadores del Poder Judicial. Muchos de ellos, trabajadores jubilados, que ya se encuentran en retiro y a quienes pretenden dañar sus derechos de una jubilación digna.
Afectarán a todos aquellos que tienen un servicio médico y que en estos momentos reciben tratamientos por alguna enfermedad, debido a que esos fideicomisos tienen los recursos que el Poder Judicial utiliza para estas personas.
Pero también se afectará la manera en que se pueda implementar la justicia con los cambios a la reforma. Por ejemplo ¿con qué dinero se van a construir las salas para los juicios orales? ¿Si a un juez lo necesitan trasladar a otra entidad, requiere viáticos y recursos para su relocalización?
Si de por sí la justicia en México, sobre todo después de la pandemia, es lenta, ¡imagínese sin los recursos necesarios para operar! Porque además el sistema de pensiones para jueces, magistrados y ministros está hecho para que tengan garantizado un ingreso digno a cierta edad que dejen de trabajar y que no se corrompan pensando que tienen que garantizar su futuro o sus servicios de salud.
¿Ajustes debilitan la justicia?
En total eliminarán cinco fideicomisos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más de la mitad de los recursos que pretende quitar Morena están enfocados en pensiones, y sólo uno de esos fideicomisos está destinado para mandos superiores y es el que menos recursos reporta.
Hay tres fideicomisos relacionados con pensiones complementarias, es decir, montos de pensión que se suman a los que asigna por ley el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a funcionarios públicos.
Éstos son: pensiones complementarias para mandos superiores, que van de director general a secretario de estudio, aunque no considera a ministras y ministros en retiro, con un saldo de 832 millones de pesos.
También está el de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, con un saldo de dos mil 972 millones de pesos, y uno más para magistrados y jueces jubilados que cuenta con una bolsa de cuatro mil 722 millones de pesos.
Existe un fideicomiso del CJF para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, con un saldo de cuatro mil 308 millones.
De acuerdo con un comunicado de la Corte, esos recursos se utilizan para financiar la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales, como ocurre con la reforma laboral y la suscripción de tratados internacionales.
Otro fideicomiso ayuda a los magistrados de circuito o a los jueces de distrito en activo a tener una vivienda, pues ellos constantemente son cambiados de residencia derivado de diversas circunstancias, que pueden incluir amenazas, baja operatividad, entre otras.
Los fideicomisos son instrumentos financieros en los que instancias públicas o privadas guardan fondos en una bolsa destinada a un fin específico, pero cuyos montos, mientras no sean gastados, también generan rendimientos.
Además de la eliminación de sus fideicomisos, el PJF enfrenta otro reto pues en el mismo Congreso buscarán reducir su presupuesto del próximo año, con un recorte que podría ser superior a 32 por ciento del presupuesto ejercido este 2023.
Con la extinción de estos fideicomisos y la disminución al presupuesto del PJF se está en riesgo la implementación de la justicia en nuestro país.
Según morenistas y sus aliados, dicen que se pretende “ahorrar” poco más de 15 mil 400 millones de pesos destinados a fondos del PJF que, según ellos, serán destinados a “los más necesitados”.
Los trabajadores que llevan años laborando no tienen por qué sacrificar sus derechos, lo que sí es obligación del Estado es sancionar los actos de corrupción. La pregunta es ¿qué más necesitados que los mexicanos que viven en pobreza extrema y tienen hambre?
Pues a ellos se les quitó la posibilidad de tener los elementos básicos por el fraude hecho en la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Son 15 mil millones de pesos que se han reportado, aunque el secretario de la Función Pública dice que son nueve mil 500 millones de pesos. Ahí sí hay corrupción, ahí sí hay fraude y no se ha sancionado a los verdaderos responsables. Un fraude que equivale al dinero que le pretenden arrancar al PJF.
Hoy estamos en riesgo de que la justicia en nuestro país se debilite aún más. Total “al diablo con las instituciones”. En unos años, los ciudadanos vamos a extrañar esas instituciones fortalecidas.
