La semana inició con la imagen de los alcaldes de la oposición, del PRI, PAN y PRD queriendo entrar al Congreso de la Ciudad de México en la calle de Donceles, siendo recibidos por un cerco de granaderos, quienes les impidieron el paso a Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón; Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo; Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc; Santiago Taboada, de Benito Juárez, y Margarita Saldaña, de Azcapotzalco, que fue a la única que los policías dejaron pasar, porque es diputada local.
Los alcaldes electos señalan que sufrieron golpes, toques eléctricos y despojo de sus celulares, vimos las imágenes de Lía Limón, alcaldesa electa de la Álvaro Obregón, quien sufrió un fuerte golpe en la nariz con un escudo.
La realidad es que dentro del recinto legislativo se buscaba aprobar ciertas leyes que le quitaran facultades a los alcaldes. Algunas, incluso, ya han sido publicadas en la Gaceta Oficial.
Y es que, con la nueva configuración política de la Ciudad de México, lo que buscan desde el Gobierno de la Ciudad es seguir controlando las alcaldías. Es mucho lo que está en juego, desde que éstas puedan tener patrullas propias, que es como se ha hecho desde hace años, hasta que se dé la aprobación de los usos de suelo en las alcaldías. Todo esto le quita mucho margen de maniobra a los alcaldes y es un coto de poder que Morena no está dispuesto a perder.
La entrega-recepción de estas alcaldías donde ganó la alianza ha sido entorpecida por los alcaldes salientes.
Y ha habido diferencias en todo. Por ejemplo, el diálogo entre alcaldes electos y Gobierno local debía comenzar el 1 de septiembre, de acuerdo a la Ley de Alcaldías y la Constitución, la cual dice que es el 1 de octubre cuando entran en funciones. Sin embargo, el Congreso de la Ciudad de México lo unificó al 1 de octubre, como está establecido en la Constitución de la Ciudad de México.
La disputa entre la oposición y el Gobierno local quedó evidenciada un día después de las elecciones del 6 de junio, cuando se dio a conocer que el mapa electoral cambiaba de colores, pues Morena ya no contará con 11 alcaldías, sino con siete, mientras que la oposición, integrada por PAN, PRD y PRI, tendrá nueve. Esto ha dado paso a una serie de cambios para ver qué recursos y acciones manejará el Gobierno local y qué estará a cargo de los alcaldes.
De acuerdo con la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, la UNACDMX, entre los cambios que se buscan está la homologación de patrullas, es decir, que dejen de tener el distintivo por alcaldía y que se pinten del color del Gobierno capitalino. Los alcaldes indicaron que las patrullas se compran con recursos de las alcaldías y no del Gobierno capitalino.
Además de que el Gobierno capitalino busca eliminar los modelos de seguridad que se aplican en la Benito Juárez y Cuajimalpa, pese a que van tres años de inversión de recursos para esos proyectos, con patrullas y equipo comprado.
También exigieron que a cada alcaldía se le entregue el presupuesto según la cantidad de habitantes y población flotante que hace uso de los servicios, y externaron su preocupación porque los recursos han disminuido 8 por ciento.
La falta de acuerdos y la instalación de las mesas de transición complican, entre otras cosas, la entrega-recepción de las demarcaciones, pues cada alcaldía tiene más de dos mil o tres mil trabajadores, ocho direcciones generales y asuntos pendientes en seguridad y obra pública.
El más claro ejemplo de una falta de diálogo se da entre el alcalde saliente en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, de Morena, y el entrante, Mauricio Tabe, del PAN, hasta el 3 de septiembre comenzará la transición.
Por lo pronto, se detectó en esa alcaldía la cancelación de un contrato con policías auxiliares que existía con el Gobierno de la Ciudad, presuntamente con la finalidad de disminuir la cantidad de agentes contratados, es decir, pasar de 200 que tenía la actual administración a 60. Esto significa una reducción de la fuerza policial que puede llevar a un aumento de la inseguridad en estos meses de transición y que se pueden postergar mientras toma el control completo el nuevo alcalde.
Otro punto que ha sido modificado a contrarreloj en este periodo de transición, es la forma de decidir sobre los 2 mil 816 millones de pesos del Presupuesto Participativo 2021 y 2022, gracias a la reforma propuesta por la Jefa de Gobierno y aprobada en el Congreso capitalino, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial el pasado 18 de agosto.
En la Jefatura de Gobierno justificaron la modificación a la ley como una forma de resolver aquellos casos donde las alcaldías ya hubieran realizado los proyectos elegidos por los ciudadanos con recursos propios, pues su ejecución se suspendió ante la pandemia de Covid-19.
En el caso de los 48 pueblos y barrios originarios, sostuvo que se han interpuesto recursos legales, por lo que no se ha avanzado con la ejecución de los proyectos, por lo cual la intención es liberar estos recursos.
El Presupuesto Participativo se creó con la finalidad de que los vecinos propusieran proyectos innovadores que permitan el crecimiento de la colonia o barrio; sin embargo, ante la falta de difusión y conocimiento, cada año los recursos terminan destinados para bachear calles, comprar camiones para destapar drenajes, pavimentar calles, instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico o de aparatos de ejercicio, proyectos que, de entrada, le corresponden a las autoridades y no al Presupuesto Participativo.
Para el PAN, la decisión que reforma el destino de estos recursos no se limita a casos particulares, sino que dan un margen amplio e, incluso discrecional, a los actuales alcaldes para ocupar estos recursos para otras áreas.
Un ejemplo es Milpa Alta, donde prácticamente no tiene Presupuesto Participativo, o lo tiene etiquetado, pero no tiene proyectos asignados por el Instituto Electoral. Con la reforma, el actual alcalde tiene la oportunidad de ejercer esos recursos en esos barrios y pueblos, sin justificar su destino.
Y es que mientras existan estas disputas políticas, los que más pierden son los ciudadanos, los que vivimos en esta Ciudad de México, que hoy está completamente polarizada y con eso ha aumentado la violencia y la inseguridad.
