Se están cumpliendo siete años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y no hay respuestas que dejen tranquilos a los padres. La investigación lo único que ha logrado es liberar a los autores materiales, y que muchos de ellos hayan regresado a delinquir.
El sentir
Se politizó el terrible caso en medio de una campaña electoral para 2018, y por supuesto que no hay respuestas, porque la verdad que se dió a conocer en su momento, con sus fallas, era lo más cercano a lo que sucedió con esos jóvenes.
Las investigaciones son “un elefante blanco que no camina”, así la calificó Vidulfo Rosales, el representante legal de los familiares de las víctimas, durante la reunión que sostuvieron el viernes 24 de septiembre con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
Hoy las indagatorias están en manos de la Fiscalía General de la República y la Comisión Especial, creada en la actual administración.
Las nuevas investigaciones no han marcado una diferencia y mucho menos han mostrado estar alejadas de la llamada “verdad histórica”, aquella en la que el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, nos informaba que los estudiantes de la Normal Isidro Burgos fueron atacados y capturados por el grupo criminal Guerreros Unidos porque creyeron que pertenecían al grupo rival Los Rojos.
No podemos olvidarnos, si no, nunca se va a castigar a los culpables. Esos jóvenes fueron confundidos por Los Rojos de pertenecer a Guerreros Unidos, y ellos desaparecieron a los jóvenes. Es un tema de crimen organizado con el entonces gobierno local de Iguala. ¿Por qué no se quiere aceptar esta realidad?
¿Qué sucedió esa noche del 26 de septiembre de 2014? Los datos duros que se tienen, los hemos contado una y otra vez.
Los estudiantes normalistas tomaron dos autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968, pero cuando se dirigían a Chilpancingo fueron interceptados.
De inmediato integrantes de Guerreros Unidos alertaron a sus líderes del movimiento que realizaban los estudiantes y los primeros en darles alcance fueron policías municipales de Iguala, estos los entregaron al grupo criminal que era liderado por el entonces alcalde José Luis Abarca y su esposa , María de los Ángeles Pineda, quienes los secuestraron.
A algunos de los jóvenes los trasladaron al basurero de Cocula donde, de acuerdo con los testimonios de los presuntos autores materiales, los incineraron para después arrojar los restos al río San Juan.
Se tiene certeza de que unos 17 jóvenes fueron incinerados en ese lugar, del resto todavía no se sabe qué les sucedió. Pero sí conocemos que fueron detenidos por los policías municipales de Iguala, que eran afines al cártel de Guerreros Unidos.La semana pasada, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, estuvo en Guerrero, donde encabezó recorridos en los municipios de Eduardo Neri, Cocula y Huitzuco. En estos recorridos también participó Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, quien dijo durante una conferencia de prensa que hay otra línea de investigación, en la que contemplan otra incineración de cuerpos en la barranca La Carnicería.
Se informó que se cree que el Cártel Jalisco Nueva Generación está implicado en este tema, pues ahora uno de sus informantes es Abigael González Valencia, alias El Cuini, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Aunque el subsecretario Encinas reconoció que la información se “tiene que ir corroborando para llegar a la verdad de los hechos”.
La realidad es que esta nueva información no contradice la llamada “verdad histórica”, ya que nunca en la versión original se aseguró que todos los jóvenes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula.
Lo más triste de todo, es que hoy, a siete años de la desaparición de los estudiantes, la gran mayoría de los autores intelectuales y materiales del crimen, muchos de ellos confesos, hoy están en libertad.
En 2014, las pesquisas llevaron a la detención de 45 integrantes de Guerreros Unidos, actualmente sólo 4 continúan en prisión. Entre los liberados se encuentra Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto jefe de sicarios, y quien en 2019 fue absuelto, con el argumento de que fue torturado durante su declaración y detención. Hoy, este hombre se ha convertido en un testigo colaborador y como parte del acuerdo con la Fiscalía ha señalado a presuntos involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes, aunque se trata de personajes que antes no fueron mencionados en la carpeta de investigación que incluso ya están muertos.
Además, un juez con sede en Tamaulipas desestimó en 2019 más de 80 pruebas que había presentado la Fiscalía, por considerar que fueron recabadas de forma ilegal, incluidos testimonios de otros detenidos que eran acusados de ser autores materiales porque también argumentaron que hubo tortura y detenciones arbitrarias.
Se trata de Patricio Reyes Landa alias El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona , Agustín García Reyes, El Chereje. Incluso El Pato, quien fue detenido en 2014, quedó en libertad en 2018 y absuelto de los cargos por delincuencia organizada y secuestro. Su defensa argumentó que hubo violaciones al debido proceso, que sus declaraciones fueron obtenidas por tortura y por falta de pruebas de su participación el grupo criminal Guerreros Unidos.
Sin embargo, a principios de este mes, nuevamente fue detenido, pero ahora en el Estado de México; en esta ocasión nada tuvo que ver el caso Ayotzinapa, fue por posesión de armas. Pese a sus antecedentes, una vez más fue liberado, ya que el delito no amerita prisión preventiva oficiosa.
En septiembre de 2019, Encinas lamentó que 24 presuntos involucrados en el caso hubieran quedado libres, se trata de expolicías de Iguala, Cocula y Huitzuco que estaban en prisión acusados de participar en la privación de la libertad y desaparición de los estudiantes.
Muchos de ellos sirvieron de halcones para avisar a Guerreros Unidos de la llegada de los jóvenes a Iguala en los autobuses. Otros fueron responsables de retener a los normalistas por varias horas, y varios estaban señalados de ser quienes entregarlos al grupo criminal para incinerarlos en el basurero de Cocula.
Sin embargo, al igual que los presuntos autores materiales, estos exagentes municipales alegaron tortura y un juez federal aceptó el recurso para dejarlos libres.
Hoy el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa parece que no se va a resolver, y quienes participaron en este desalmado hecho, nunca pagarán. Sin duda, es un caso más de justicia inútil.
