La manifestación que vimos el sábado pasado en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente contra la ministra presidenta Norma Piña, es terrible.
Yo me pregunto: ¿poner ataúdes con imágenes de los ministros, no es una amenaza de muerte?
El grupo de manifestantes y sus promotores morenistas acusaron a la Suprema Corte de no saber interpretar la Constitución, pero poniendo por delante el grito de “primero se van a ir ustedes”.
Me quiero imaginar que saben que es ilegal amenazar así a quien sea.
Durante la protesta frente a la SCJN hubo entonces amenazas y la exhibición de féretros en los que se observaban cruces y los nombres y fotos de los ministros Piña y Alberto Pérez Dayán en ellos.
Sobre este hecho ahora hay pretendidos deslindes, al igual que lo ocurrido con el caso de dos reporteros que fueron hostigados y agredidos en el lugar.
Esta protesta se da porque en el Ejecutivo federal están enojados por la decisión de los ministros de declarar inválido el decreto mediante el cual las obras prioritarias se clasifican como de “seguridad nacional”. Por votación mayoritaria fue que se declaró inconstitucional la citada disposición, además de violatoria del derecho a la información.
Sin embargo, habían pasado sólo cuatro horas de la decisión tomada por los ministros, cuando el Presidente López Obrador emitió un nuevo decreto, esta vez para catalogar al Tren Maya y al Corredor Transístmico como temas de seguridad nacional, además de incluir las obras de los aeropuertos de Palenque, Tulum y Chetumal que se encuentran en rehabilitación por parte del Ejército.
Lo cierto es que desde el Gobierno federal se ha hecho lo posible y hasta lo imposible por no rendir cuentas, ni cumplir con la transparencia que debe haber sobre permisos y autorizaciones de instancias diversas para distintos proyectos.
Imagínese usted: muchos trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente no quieren firmar los permisos de impacto ambiental para la construcción del Tren Maya, porque como son trabajadores de carrera saben que están incurriendo en delitos y que podrán ser perseguidos, una vez que concluya el mandato del Presidente López Obrador.
Pero además en esa dependencia si se tiene plan B, plan C o lo que siga, por llevar tiempo atrás reservando folios, clasificándolos como información reservada. Todo esto previo a los decretos. La ley no es retroactiva, así que esta es la estrategia que se está utilizando para resguardar la información.
El decreto derribado por los ministros de la SCJN fue publicado en 2021 y se trató de una decisión con la que el mandatario protegió los datos de esos proyectos, para evitar que se dieran a conocer cómo se construye, cuánto se invierte y quiénes participan.
Es claro que dichos decretos obstaculizan a la ciudadanía al acceso a la información, por ello el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) interpuso un recurso ante el máximo tribunal, lo mismo hicieron organizaciones civiles, que indican que es un derecho de los mexicanos saber cómo se desarrollan obras tan grandes como las mencionadas, pues se están construyendo con el dinero de los contribuyentes, de todos los que pagamos impuestos.
Enojo contra ministros del máximo tribunal
La propuesta para impugnarlo fue presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y el 18 de mayo recibió 8 votos a favor y 3 en contra. En ese momento, Carrancá señaló que el acuerdo presidencial violaba el derecho a la información y podría influir en las operaciones del Inai.
Por su parte, en un breve posicionamiento, el Inai indicó que analiza mecanismos legales para defender la transparencia y derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del Gobierno federal.
Ah, pero resulta que el pleno de este órgano no puede sesionar debido a que en el Senado no han nombrado a los tres consejeros que le faltan. Éstos no han sido designados obviamente a propósito para que el Inai no pueda revelar la información de las obras.
En medio de todo esto se dio la toma de instalaciones ferroviarias que tenía concesionadas Grupo México, con el uso de efectivos de fuerzas federales. Según el Gobierno federal las instalaciones se ocupan de “manera temporal”.
Lo cierto es que el Grupo México, que preside Germán Larrea, había estado con el Presidente López Obrador negociando la compra de Banamex, y le tomó por sorpresa que las vías de tren fueran tomadas de esa manera.
La ley no importa mientras se terminen las obras. Y si para eso, los simpatizantes del Presidente tienen que amenazar a los ministros, se les aplaude, como sucedió ayer desde la mañanera.
¿A qué le temen tanto que se sepa, que han hecho un esfuerzo enorme, incluso amenazas de muerte para ocultar la información?
