Algo muy grave está pasando en todo el país, que alcaldes de muchos municipios, en casi todos los estados, están sufriendo amenazas o han sido asesinados. Es parte de la política de “abrazos y no balazos”, que en los últimos años el crimen organizado se ha venido fortaleciendo.
El pasado 24 de junio, en la calle 16 de Septiembre, en el centro de Chilpancingo, Guerrero, amanecieron cinco cabezas acomodadas en el cofre de una camioneta Mazda de lujo, mientras que los cuerpos de siete personas estaban regados en el asfalto.
Junto a las cabezas había dos mensajes escritos en cartulinas fluorescentes. Uno de ellos iba dirigido a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, a quien le recordaban que seguían esperando un segundo desayuno, mientras que, a su síndico, Andrey Marmolejo, le advertían que dejara de chantajear con las licencias para comerciantes.
Los siete cadáveres pertenecen a una familia reportada como desaparecida el 10 de junio, cuando partieron de la comunidad Palo Blanco con destino a la capital guerrerense. Según los reportes, estaban vinculados con una célula delictiva.
La alcaldesa aseguró a la prensa que no tenía vínculos con grupos criminales y exigió a las autoridades estatales y federales voltear a ver la situación en Guerrero, donde 22 células y organizaciones criminales disputan el control de la elaboración y tráfico de droga, la extorsión a comerciantes, el secuestro y los homicidios dolosos.
Lo que ocurre en Chilpancingo no es un caso particular o aislado, es una situación que se replica en gran parte del país. Hace poco también se dio a conocer que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, solicitó seguridad para ella y su familia ante la ola de violencia que vive la ciudad fronteriza.
Esta semana se confirmó que ya vive en un cuartel militar, luego de que lo anunció en días pasados debido a que recibió amenazas en su contra. Esto provocó críticas de los tijuanenses, quienes indicaron que la mayoría no cuenta con los recursos para refugiarse en un lugar como en el que ella estaría.
Tijuana, como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, es la principal puerta de entrada de drogas hacia Estados Unidos; por ello, para los cárteles es de suma importancia tener el control de la ciudad fronteriza, que hoy vive uno de sus peores episodios de violencia por la cruenta batalla del tráfico de fentanilo.
Otro alcalde que dejó de operar en su ayuntamiento es Carlos Molares Bonaparte, de Charapan, Michoacán, quien en mayo pasado indicó que atiende los asuntos en el exilio.
Bajo resguardo
En su caso, no existen condiciones de seguridad debido a que los policías renunciaron de forma masiva debido a las amenazas del crimen organizado, por lo que sólo estaban a cargo de la seguridad el director de la Policía Municipal y dos uniformados.
Charapan se ubica en la zona centro de Michoacán, no tiene el registro de hechos de violencia, pero para las autoridades las amenazas e intimidación que han recibido los elementos policiacos y las autoridades municipales son consecuencia de lo que se vive en Uruapan, municipio vecino, que es disputado por grupos de delincuentes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos que se hacen llamar “autodefensas”.
Al sur de México, los alcaldes también han sido amenazados, ejemplo de ello es la situación que vive el edil de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, quien confirmó que ha recibido diversos mensajes y llamadas de “advertencia” por parte de presuntos criminales.
De acuerdo con datos de la consultora Etellekt, en los cuatro primeros años de esta administración, 19 alcaldes han sido asesinados, la mayor cifra ocurrió en 2019, cuando contabilizaron seis, mientras que el año pasado fueron cinco.
Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero son los estados donde más ediles han sido ultimados, con 13, nueve, siete y seis, respectivamente. Mientras que en el norte del país Sonora y Chihuahua lideran la lista con tres cada uno.
En total, de acuerdo con los informes de Etellekt, en 17 entidades se concentra el mayor número de amenazas y asesinatos contra presidentes municipales del México.
En Veracruz, a los alcaldes incluso les hicieron un llamado para evitar ser coaccionados por el crimen organizado, así lo expresó su gobernador, Cuitláhuac García.
La realidad es que en muchas ocasiones son obligados a ser parte del crimen organizado, de no acceder, los primeros blancos son las familias de los presidentes municipales, sus trabajadores y las mismas familias de esos empleados.
Urge que las autoridades federales se metan a ver qué está sucediendo en los municipios y con los políticos locales. La realidad es que hoy el crimen organizado quiere adueñarse del control político en muchas zonas del país, y están ya sea amenazando o tratando de que se coludan con ellos.
No es un tema alejado a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. No debemos permitir que nuestra seguridad esté en manos de delincuentes.
México es precioso, pero sin seguridad, la situación se vuelve insostenible.
