T ras el reportaje publicado por el periodista estadounidense Tim Golden, en el que dice que, según información de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, personas allegadas al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, habrían recibido por lo menos dos millones de dólares para la campaña del 2006, el primer mandatario estaba muy molesto y aseguró que se trataba de calumnias.
Incluso, en una de sus conferencias matutinas aseguró que exigiría una disculpa del presidente Biden y su gobierno por la información publicada. Hace un par de días se dio en México una reunión de alto nivel de seguridad en Palacio Nacional, a la que asistió una delegación de Estados Unidos y sus contrapartes mexicanas. Estuvo encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall, asesora en materia de seguridad del presidente Biden.
Poco antes, el Presidente López Obrador había dicho que no los quería recibir hasta no obtener una disculpa pública por parte del gobierno de Biden, pero que finalmente había mantenido una plática telefónica con el mandatario estadounidense y se pactó la reunión.
La realidad, y según lo comunicado por el Gobierno de los Estados Unidos, el tema no fue una disculpa, sino que se habló de migración y de seguridad.
La canciller Alicia Bárcena aclaró que dicha investigación “no proviene de la oficina, ni del presidente Biden, ni del Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca. Esto es un tema que proviene más de la DEA, que depende del Departamento de Justicia, y que se verá qué es lo que ocurre ahí”.
Y aseguró que, para Estados Unidos, está cerrado el caso del presunto financiamiento del narcotráfico en la campaña electoral de 2006 del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
No sé cuánto tiempo tardan en prescribir las denuncias de los testigos protegidos, pero la realidad es que basar una investigación en estos testigos no debería de ser y no se le tendría que dar peso a los dichos de muchos de ellos, que son criminales.
Algo similar sucede en México con el caso de Ayotzinapa, en donde militares están detenidos por testimonios de sicarios de quienes se tienen las pruebas de que ellos mataron e incineraron a muchos de estos estudiantes. Los sicarios están libres, los militares y el exprocurador Murillo Karam, quien incluso atrajo el caso días después, están detenidos. Pero ésa es otra historia aquí en México, regresemos a Estados Unidos.
El periodista Tim Golden, quien por cierto es un profesional serio, basa su información en los testimonios que obtuvo de testigos protegidos de la DEA. Y, paradójicamente, son los mismos testigos quienes aseguran que el exsecretario de Seguridad Pública en la época del presidente Calderón, Genaro García Luna, había recibido millones de dólares del narco que le fueron entregados en una maleta en un restaurante.
Indignación presidencial
A mí me parece que ninguna de las dos acusaciones tiene fundamentos, ni la de que el Presidente López Obrador recibió dinero del narco y tampoco se ha comprobado que García Luna lo haya hecho. Estamos hablando de testigos protegidos que en su mayoría buscan beneficios para reducir sus condenas en Estados Unidos.
El reportaje de Tim Golden tiene una fuente y ésa es la DEA. La reacción del Presidente López Obrador de pedir una disculpa del Gobierno de Estados Unidos por estas acusaciones es ilógico, primero, no es el Gobierno de Joe Biden el que da esta información, es la agencia antidrogas.
Y luego hay que entender cómo funcionan estas agencias en Estados Unidos. Son por lo menos 20 agencias de Inteligencia que operan en ese país, 17 de ellas están aglutinadas en lo que se conoce como Comunidad de Inteligencia, en las que destacan la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, no todas están bajo las órdenes de la misma persona, pues dependiendo su función, algunas son lideradas por mandos civiles y otras por militares.
Trabajan de forma independiente y eso hace que muchas veces su información se cruce, pero no por ello los agentes están obligados en todo momento a compartir la información entre agencias, esto, incluso, ha provocado roces y rivalidades. Entre las mismas agencias se han visto estos roces, como ocurrió con el caso de Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA que fue asesinado en México, el 9 de febrero de 1985.
Por más de tres décadas se ha dado a conocer que el agente fue asesinado por el Cártel de Guadalajara, liderado por Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes descubrieron que Kiki era un agente encubierto de la DEA, quienes también estaban en esa investigación era personal del FBI. Ninguna de las dos agencias sabía que estaban trabajando en ese mismo caso.
Apenas el año pasado, un grupo de expertos reunidos por la Casa Blanca reconoció que las agencias de inteligencia estadounidenses han infringido las normas sobre vigilancia de extranjeros en el mundo, pero estiman que esta herramienta es indispensable.
Los roces entre agencias de inteligencia se dan con más frecuencia en propio territorio estadounidense y uno de los más recientes se dio a finales de 2023, cuando se dio a conocer que un exinformante de la DEA se había convertido en el testigo estrella del FBI.
Lo ocurrido con los supuestos señalamientos de la DEA sobre el financiamiento del narco en el proceso electoral de 2006, es uno de los tantos roces que han tenido, principalmente esta agencia de inteligencia con el Gobierno de México.
El problema aquí es que, desde el Gobierno federal, y conociendo cómo se trabajan estos temas, se aplaude cuando un testigo protegido culpa a García Luna y se reclama cuando se habla del financiamiento a la campaña del 2006.
Hay que reclamar en ambos casos, porque seguramente vendrán más.
