En unos días el Congreso de la Unión recibirá una iniciativa para realizar reformas a la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas.
Esta reforma es parte del plan de la Cuarta Transformación para modificar el rostro del Poder Judicial que hasta ahora conocemos, y que ya comenzó con la reforma en la que se contempla elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto popular.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, indicó que la propuesta ya está en la mesa, pero aún no se presenta en el Congreso, y aseguró: “Es una de las preocupaciones y ocupaciones que tiene la Presidenta electa”.
Entre lo que se plantea en esta reforma es cambiar el nombre de la Defensoría Pública por Defensoría del Pueblo. Supuestamente será, o por lo menos eso dicen una estructura “muy poderosa” a favor de la gente, porque, dijo, la mayoría no tiene dinero para contratar un abogado.
Arturo Zaldívar, próximo coordinador de Política y Gobierno, asegura que la propuesta está siendo elaborada por Sheinbaum Pardo y un equipo de trabajo, que fue abordada desde que era candidata y “será presentada cuando la Presidenta electa lo decida”.
Legisladores morenistas indican que ésta era una tarea pendiente: la purga de funcionarios y agentes del ministerio público. Reconocen que después de la reforma al Poder Judicial será necesario revisar el trabajo de las fiscalías y de las policías para que “realmente haya un acceso a la justicia”.
Lo cierto es que el tema de hacer reformas a las defensorías públicas fue abordado previo a la reforma al Poder Judicial, fue analizado y votado en la Cámara de Diputados en agosto pasado, cuando comenzaron los foros abiertos de discusión, y expertos en el tema, abogados y académicos indicaron que había una necesidad de reforzar las defensorías públicas.
Lo cierto es que todavía no se conoce a fondo como cuáles serán los cambios que se realizarán en esta nueva reforma, lo que sí sabemos es que sin duda le quitara poder a las fiscalías, tanto a la Fiscalía General de la República como a las fiscalías de la Ciudad de México y las locales.
En lo que concierne a las defensorías públicas evidentemente se necesita más presupuesto y trabajar de manera más eficiente porque tienen que llevar miles de casos, porque muchas personas no cuentan con recursos para pagar abogados de oficio.
La defensoría pública en la Ciudad de México funciona de manera eficiente, pero no puede ni remotamente cubrir y apoyar a todas las personas que necesitan un abogado.
Las cárceles están repletas de gente que no ha tenido recursos para poder llevar sus casos de manera efectiva.
Académicos expertos en la materia han expresado que las defensorías públicas operan con menos recursos que los ministerios públicos, a pesar de que también colaboran en la procuración de justicia.
Y aseguran que la falta de recursos acarrea problemas operativos como la falta de personal para la atención de asuntos. Sin abogados que sean pagados por el Estado para apoyar a quien no puede contratar un abogado de manera personal, no hay forma de que las defensorías funcionen.
Van por más modificaciones a la justicia
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), da cuenta de la cantidad de casos que las fiscalías acumulan.
En 2022 reportaron en total 2 millones 915 mil 899 averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir, 1.7 por ciento eran de la FGR y 98.3 por ciento de las fiscalías estatales.
El número de investigaciones sin concluir, reportadas a nivel nacional en 2021, fue de 2 millones 629 mil 790, es decir, aumentaron 10.9 por ciento en un año.
Analistas indican que uno de los grandes retos que México enfrenta es la impunidad, ya que menos del 10 % de los delitos se reportan y, de éstos, menos del 4% termina en sentencia. Sin embargo, las cárceles del país reportan sobrepoblación, cuatro de cada 10 reos esperan que su juicio proceda y se les pueda determinar su inocencia o se les dicte sentencia.
Ésta no es la primera reforma al Poder Judicial, en 2008 comenzó una de las mayores transformaciones del Poder Judicial cuando se sustituyó al sistema penal acusatorio, por el oral, que incluyó un enorme cambio a nivel federal y local, que avanzó de forma paulatina, que tuvo una influencia de lo que ocurría en los sistemas penales en Sudamérica y, 10 años después, se concluyó el proceso con el cambio de la Procuraduría General de la República, que se convirtió en Fiscalía General de la República.
No sólo se trató de un cambio de nomenclatura, sino que se buscó ampliar las facultades y atribuciones de los ministerios públicos, y buscar que los cambios fueran transexenales.
Habrá que ver cuáles serán los cambios a las Fiscalías y esperemos que parte de la Reforma incluya mayor apoyo a las Defensorías Públicas.
Esto ayudaría por ejemplo a que muchas personas que no han recibido sentencia y que son inocentes, puedan abandonar la prisión. Muchas veces, los reclusos ya podrían estar en libertad, y como no cuentan con una defensa, no han podido quedar en libertad.
Mientras tanto, con la aprobación a la Reforma al Poder Judicial, que nadie entiende realmente cómo se va a implementar, hoy en Poder Judicial está en paro, esperemos que esta nueva reforma sí sea benéfica y garantice una certeza jurídica, o por lo menos un apoyo a quienes tengan que enfrentar un problema legal.
