“A mi cabeza le han puesto precio”, decía el padre Marcelo Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas. Él mismo había declarado que el crimen organizado ofrecía hasta un millón de pesos por su cabeza.
El fin de semana fue asesinado Marcelo Pérez Pérez. Tras terminar de oficiar su misa dominical, a la salida de la iglesia se subió a una camioneta blanca, lo siguieron dos hombres en una motocicleta, le dispararon por lo menos en ocho ocasiones y huyeron.
El sacerdote de origen tzotzil perdió la vida. Un hombre muy querido en su comunidad. Vivía en el barrio de Cuxtitali, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pérez Pérez ya había recibido amenazas y denunciado, pero no tenía protección.
Ya había recibido amenazas en Chenalhó, donde había sido párroco durante 10 años y por eso había sido trasladado.
Autoridades estatales prefirieron acusar al padre Marcelo y girarle una orden de aprehensión en su contra desde 2021, acusado por varios habitantes de no hacer nada para evitar la desaparición de 21 hombres, la cual ocurrió 11 meses antes de la orden girada en su contra.
¿Qué podía hacer el sacerdote para brindarle protección a los habitantes de su comunidad? Sin duda, esa responsabilidad es del gobierno del estado.
Esos hombres fueron privados de la libertad por el grupo El Machete, el cual se hace pasar como grupo de autodefensa en la zona de Pantelhó y que aseguraba que esos 21 hombres eran integrantes de un grupo criminal. Hasta el momento, el caso sigue sin resolverse. Este caso fue una disputa criminal entre dos grupos.
Marcelo Pérez comenzó su activismo en 2014, cuando realizó una peregrinación por 12 municipios de Chiapas hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez, la capital. Denunciaba desde entonces el incremento de la venta de drogas y la presencia de grupos criminales.
Desde ese momento comenzó con un movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en el que agrupó tzetzales, tzotziles y choles de 13 municipios de la zona de los Altos y la Selva de Chiapas.
Una gran pérdida
Desde entonces había recibido amenazas y, el 1 de septiembre del 2015, había recibido una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Apenas el pasado 13 de septiembre, el sacerdote Marcelo Pérez había participado en una marcha por la paz en la que condenaba la violencia y advertía que la comunidad no soportaría más los ataques constantes cometidos por los grupos criminales.
Lo hemos escrito en estas páginas; en los últimos años la inseguridad en Chiapas se ha expandido de manera desproporcional; hay miles de desplazados por el crimen organizado que ha tomado sus tierras. Muchos jóvenes, sobre todo de las comunidades indígenas, han tenido que salir huyendo para que el crimen organizado no los una a la fuerza a sus filas
de sicarios.
La disputa entre grupos criminales que manejan desde tráfico de migrantes, drogas, trata de mujeres y extorsiones, entre otros delitos, ha hecho que vivir en Chiapas tranquilo y seguro sea imposible; muchas personas incluso se están resguardando de esta violencia en Guatemala. Y es esta violencia la que el padre Marcelo criticaba y alzaba la voz por la paz en su comunidad.
En la marcha por la paz participaron obispos, sacerdotes y fieles de las diócesis de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.
Chiapas es uno de los estados donde la inseguridad se ha incrementado en los últimos cinco años debido a las disputas entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que, además de provocar un alza en los homicidios dolosos, han hecho que miles de familias abandonen sus viviendas.
En 2023, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció el incremento de la violencia en los pueblos y comunidades de Chiapas; en ese momento indicó: “Estamos viviendo en medio de grupos criminales que se disputan el territorio poniendo a la sociedad civil como barrera humana”.
La misma Diócesis dijo que los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla “están convertidos en guaridas de operaciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco, que controlan la migración, carreteras, la distribución de productos básicos y el trasiego de drogas”.
En Chiapas, en los últimos años, han matado a miles de personas, desde doctores hasta sacerdotes, gente que estaba apoyando a la comunidad y eran muy queridos. El sacerdote Marcelo Pérez no es el único sacerdote que por el incremento de la violencia y de la presencia de grupos criminales ha tenido que convertirse en activista.
Un gran número de padres de diversas comunidades han tenido que alzar la voz para exigir el alto a la violencia. Y a muchos los han matado por esta razón.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó “su más enérgica condena y profundo dolor” ante el brutal asesinato de Marcelo Pérez, sacerdote de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, ocurrido en el barrio de Cuxtitali.
De acuerdo con el Centro Católico Multimedial, la labor de la Iglesia incomoda al crimen organizado en las regiones donde operan.
El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez se tiene que aclarar. ¿Qué sabía de cómo está operando el crimen organizado en esa zona que lo quisieron callar? ¿Quiénes son los poderosos a quienes no les convenía que Pérez Pérez estuviera en esa zona trabajando?
Se tiene que hacer una investigación a fondo para conocer los motivos de esta ejecución y dar con los culpables.
Mientras tanto, una estrategia de seguridad integral es urgente para Chiapas.
