Han pasado 14 años y meses desde que fue secuestrado y asesinado Fernando Martí, el hijo del empresario Alejandro Martí. La justicia ha tardado en llegar, pero finalmente otro de los secuestradores tiene ya sentencia en firme.
José Montiel Cardoso, integrante de la banda de secuestradores Los Petriciolet, recibió 223 años de prisión, los cuales purgará en el Centro de Readaptación Social de Otumba, en el Estado de México.
Hasta el momento suman cuatro sentenciados por el caso, además de José Montiel, están las condenas, también apenas dadas a conocer el pasado 4 de septiembre, de Abel Silva Petriciolet, uno de los líderes del grupo, y Noé Robles Hernández, alias El Chimuelo, quienes recibieron 384 y 380 años respectivamente, los cuales cumplirán en el Altiplano, Estado de México.
Mientras que, a Jesús Valdez Orozco, apodado Ojos de Perro, se le dictó una sentencia de 542 años de prisión en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en El Rincón, Nayarit, por espiar el domicilio y la rutina del joven Fernando.
Fernando apenas tenía 14 años, iba en camino a la escuela y su coche fue interceptado. Se lo llevaron, se pidió el rescate, se pagó el monto solicitado y aun así fue asesinado.
Su padre, el empresario Alejandro Martí, dijo a través de su cuenta en Twitter que faltan sentencias para 13 integrantes de esta banda de secuestradores. Y reiteró que todo el proceso ha sido tardado, porque tanto los culpables como los abogados que los defienden utilizan trucos, como denuncias de que sus clientes recibieron torturas y amenazas.
Muchos de estos secuestradores, que además tienen recursos por sus actividades ilícitas y con apoyo de sus abogados, hacen todo lo posible para prolongar los casos y que no se les dicte sentencia. Después argumentan fallas al debido proceso o tortura para quedar en libertad.
No podemos perder de vista que los que torturan, matan, extorsionan desbaratan familias, son los secuestradores. Ahí está el caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, pero es un caso que se ha politizado y se ha presionado a la señora Wallace para que deje de intervenir en el asunto.
Pero estos secuestros, el de Fernando Martí, la hija de Nelson Vargas y el de Hugo Alberto Wallace, se están resolviendo porque las familias de las víctimas, que han atravesado y siguen atravesando por un calvario, no han soltado sus casos.
En el libro Justicia inútil (Taurus, 2010) que publicamos junto con Jorge Fernández Menéndez, investigamos la desastrosa investigación que se hizo, en un principio, del caso del secuestro de Fernando Martí y cómo se fue esclareciendo para finalmente dar con los verdaderos culpables. Éste es un fragmento de lo que publicamos.
Entre las 7:00 y las 7:15 horas del 4 de junio de 2008, Fernando Martí se dirigía a su escuela, la British American School.
Justicia tardía
El auto en el que viajaba era conducido por Jorge Palma Lemus, chofer de la familia por casi 14 años, y lo acompañaba el escolta Christian Salmones, quien acababa de incorporarse a ese servicio.
Frente al Estadio Olímpico México 68, en Ciudad Universitaria, un falso retén policial le indicó al chofer que detuviera el vehículo para realizar una revisión. Los guardaespaldas fueron reducidos y Fernando, junto con ellos, secuestrados.
Al día siguiente, fueron hallados Palma y Salmones dentro de un auto Corsa robado en la colonia Centinela. El cuerpo del chofer estaba en la cajuela, estrangulado, y en el asiento trasero se encontraba el escolta Salmones, dado por muerto por los delincuentes, pero seguía con vida.
La familia Martí pagó el rescate, pero no pasó nada, y en la noche del 31 de julio de 2008, fue encontrado, también en el interior de un auto Corsa abandonado en la colonia Villa Panamericana, el cuerpo de Fernando.
Salmones cambió tres veces la versión sobre cómo lucían las personas que participaron en el retén y el trayecto del vehículo en el que fue privado de la libertad.
Durante las investigaciones fue detenida Lorena González Hernández, una agente de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), quien estuvo en prisión casi siete años, y a quien en 2015 liberaron, al comprobar que no era la mujer señalada de estar en el falso retén, cuando se llevaron a Fernando Martí.
La verdadera mujer involucrada fue detenida en 2010 por la Policía Federal. Se trataba de María Elena Ontiveros, La Güera, exelemento de la PGR, a quien capturaron junto con Jorge Manuel Rico, Johny, ambos relacionados con Los Petriciolet.
La Güera reconoció que había sido ella quien estuvo en el retén del secuestro y quien marcó el alto al automóvil donde iba Fernando.
El caso cobró relevancia cuando Alejandro acudió a la reunión de Consejo de Seguridad y lanzó el reclamo: “Señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada también es corrupción”.
Una frase que hizo y hace eco en millones de mexicanos, sobre todo en quienes han atravesado por una situación similar, que involucra el mal actuar y lento proceso de las autoridades. Porque ni las lágrimas, ni la frustración ni la clemencia mueven a esas autoridades para realizar una investigación veraz.
El mismo Alejandro Martí lo narró en una entrevista que me concedió, cuando me describió a detalle que ese día que fue invitado al Consejo de Seguridad no llevaba nada escrito para hablar frente al Presidente, en ese momento Felipe Calderón, y el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.
Contó que, al ver a los funcionarios de todos los niveles, sentados, sin ni siquiera hablarse entre ellos, lo único que pensó es que, como él, muchos quieren saber de sus casos y que las respuestas no llegan.
Y que un secuestro en México y una tragedia brutal siempre acaba revictimizando a las personas. Los secuestradores se defienden con todo, lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Juana Hilda González Lomelí, quien participó en el secuestro de Hugo Alberto Wallace y cuyo caso ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia. Ella argumenta tortura.
¿Y quién defiende a las víctimas? En estos tres casos han sido años de desgaste físico, emocional y económico para poder hacer justicia y que quienes secuestraron y mataron a sus hijos paguen con cárcel, que, si bien nunca se va a reponer la vida de un ser querido, estos delincuentes tienen que recibir un castigo. Aunque sea para disuadir a que se siga secuestrando y matando en nuestro país.
