Siete años de lucro político, con una de las mayores tragedias de nuestra estructural ilegalidad. Hace casi siete años, normalistas de Ayotzinapa robaron cinco autobuses en Iguala para ir a recolectar dinero y poder viajar a la capital nacional, el 2 de octubre.
A diferencia de años anteriores --y posteriores--, esa noche el infortunio los marcó, secuestraron un camión cargado de heroína. La pugna criminal entre Guerreros Unidos y Los Rojos, con la policía municipal y la cúpula política, entonces perredista a su servicio, confeccionaron la masacre.
Siete años de golpeteo de alternancias y rentabilidad partidista, para cuestionar una verdad histórica que colapsa por fallas al debido proceso, no por falta a la verdad de lo ocurrido. Sembraron pruebas, pero no inventaron los restos calcinados. La narrativa histórica sobrevive: A los muchachos los detuvieron, entregaron, masacraron y quemaron.
En uno o en varios parajes de la región, en un basurero de Cocula o en la barranca contigua, los normalistas terminaron sus breves vidas entonces. No después. La inmisericorde consigna justiciera, a lomos del dolor de familias destrozadas, el icónico “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, irrespeta a deudos, normalistas y a la nación entera.
Mañana habrá nueva reunión del Presidente López Obrador y el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. En la cuenta oficial de promesas cumplidas, el triste capítulo es uno de los pendientes que reconoce AMLO.
En el ir y venir de pesquisas e indagatorias, en el presupuesto devorado en rehacer y reescribir el pasado, el proceso legal ha liberado a delincuentes confesos, a matarifes y mercenarios. La politización del caso Ayotzinapa ha beneficiado a quienes no lo merecían.
Acusaciones para señalar e imputar a predecesores no cambian la narrativa central ni la periférica. La transformación proyecta castigar a la burocracia pasada, su corrupción en métodos y técnicas. La transformación no altera la verdad.
A siete años corrigen la versión de un único punto de incineración, ahora sospechan que fueron varios. Para encontrar culpables menores liberan a culpables mayores. Injusto y absurdo. ¿Habrá punto final para el usufructo del dolor infinito? Siete años y contando.
Por cierto. Los militares y la guardia nacional: Recursos en aumento, simulación, discrecionalidad y opacidad es una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que a través de acceso a la información pública, denuncia cómo la Guardia Nacional no es ni será una instancia civil. Y al parecer, nunca hubo esa intención; a pesar de los discursos.
“Desde su origen, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y el propio Presidente han escenificado una ficción. Desde su creación, el carácter civil de la Guardia Nacional no fue más que retórico y se vulneró la Constitución, pues nunca se realizaron acciones para que desarrollara su propia estructura ni capacidades.” Así la introducción y aquí la liga al documento: https://contralacorrupcion.mx/los-militares-y-la-guardia-nacional-recursos-en-aumento-simulacion-discrecionalidad-y-opacidad/
