A mitad del camino sexenal, la violencia criminal desafía al Estado cada vez que bloquea vías de tren, usufructúa cuotas de peaje en autopistas, ignora el cobro de piso en avenidas y zonas comerciales en ciudades de cualquier región, el regenteo narcomenudista en corredores turísticos de Acapulco, Vallarta o la Riviera Maya.
Daños colaterales, muertes de paseantes ajenos a disputas por playas y bares dispara alarmas, a veces diplomáticas —alertas de viaje— o de boca en boca, de nota en nota que, sin prédica ideológica que valga, vuelan por el mundo y amenazan con causar daños irreversibles a Guerrero, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato o Michoacán en puntos neurálgicos de sus economías.
Si la idea de un México inseguro continúa alimentándose a punta de balaceras y disputas que llegan a merenderos o cantinas, para zanjar disputas por territorios para delinquir, traficar o extorsionar, entonces las consecuencias serán lo suficientemente profundas como para poder subsanarlas con ferias, expos o discursos de promoción turística.
Ante la racha de sangre que viven destinos paradisiacos, el Gobierno anunció la creación de un Batallón de Seguridad Turística que se estrenará en Quintana Roo el 1 de diciembre con mil 445 elementos. Un programa conjunto entre Ejército y Guardia Nacional que podrá replicarse en otros polos de atracción para visitantes locales y foráneos.
Patrullajes, presencia e inteligencia entre autoridades locales y federales, para intentar que los malos no se atrevan a retar a las fuerzas nacionales; una apuesta redoblada por la paz sin violencia. Sólo el tiempo y la ruda realidad que imponen estructuras criminales panregionales dirán si los batallones tienen razón de ser.
En el anuncio de Quintana Roo para Cancún, Tulum y Puerto Morelos, hay una aceptación implícita de la fallas de una estrategia de seguridad ideal, pero poco funcional. A la luz de los hechos, no de los dichos.
Medicamentos hasta 2022
Paciencia y resiliencia necesitan miles de pacientes impacientes, ante la carencia de sus fármacos y tratamientos; el presumido desmantelamiento de los cárteles de laboratorios y distribuidores que monopolizaron su suministro nacional, repercutió en el desabasto de lo elemental.
No existe, hasta el momento, una aceptación activa del yerro, pero informar de nuevos plazos y métodos, es reconocer pasivamente algo que se denunció y fue combatido sin tacto ni empatía, con palabras sin respaldo fáctico.
Víctimas y testigos son los padres de menores enfermos de cáncer, adultos mayores sin cobertura en dispensarios oficiales. El exdirector del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, quien busca emular a su padre Don Heladio Ramírez en gobernar su tierra, Oaxaca, acepta que se hizo mucho y se logró poco.
No sólo suministros sino prevención también escasea en un sector público de salud que iba a ser como el de Canadá o Dinamarca. Pues no, y claro que la pandemia justifica casi todo, pero perdona poco. Ni hablar, se trata del costo de gobernar, es el desgaste del poder y a veces también del no poder.
