Sobran razones para que empresas del sector energético se amparen contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Desde el Poder Ejecutivo se ordenó al Legislativo modificar la operación, no la norma constitucional. Para reformarla de raíz, sus votos en el Senado no alcanzan.
Cambiar reglas del juego a medio partido, aquí o en China, incluso argumentando justicia social, termina en tribunales. Para eso están. No para más, tampoco para menos. Asumir que eso que es Estado de derecho es un pretexto, atenta contra la democracia y abre puertas al autoritarismo.
El enojo ante los amparos y suspensiones no abona al proyecto de la 4T. Solicitar con una carta y varias mañaneras que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, hacerlo suyo, presupone que no cumple con aquello para lo que existe.
Por civilidad política y simpatía ideológica, el presidente de la SCJN ratificó que ambos órganos del Estado conocen y atienden sus asignaturas. Los jueces que han otorgado las habituales suspensiones provisionales contra actos de la autoridad que pueden causar perjuicios irreparables, resienten el enojo presidencial. Antecedentes pro 4T se omiten a conveniencia.
Ningún fallo hasta hoy ha fundido la reforma a la LIE. Pero, si finalmente los jueces De la Peza y Gómez Fierro reconocieran razón en el decreto del Presidente López Obrador y levantan las suspensiones, ¿podría alguien argumentar que no fue el análisis y buen juicio, sino la presión del poder y su ataque a juzgadores, lo que dobló a los magistrados? Claro que sí.
Ambas partes perderían. El Ejecutivo por sus formas y el Judicial por el fondo. La autonomía entre poderes de la Unión se diluye a costa de un discurso que pretexta justicia social, en detrimento de legalidad. Un trueque imposible. Sin legalidad, la injusticia, inequidad y los abusos enquistados en normas y reglas, se multiplicarán.
Impaciencia e impericia, binomio que mal aconseja a un mandatario sensible y empático con la mayoría que, por momentos, dilapida su legitimidad sin par. La fortaleza democrática que asiste a la 4T, se vulnera sola. La judialización de la reforma a la LIE se anticipaba. La reacción, desafortunadamente, también.
Quedan por fortuna, democracia y legalidad para construir lo que la 4T pretende y asume como vital. Para moldear la Constitución la ruta es clara; iniciativas, procesos legislativos, votaciones y decretos correspondientes.
La Secretaría de Energía atina al emprender acciones legales que interpelan las decisiones de los jueces. Escalará la revisión a tribunales colegiados. Todo dentro de cauces institucionales que debemos tutelar todos desde todas las trincheras.
Sobran espectáculos retóricos y combates imaginarios que alcanzan su clímax en el sacrificio de gladiadores sobre arenas ensangrentadas. Con prudencia y ley en mano, el Presidente López Obrador quiere y puede ampliar su proyecto, refrendar y acrecentar apoyo social y político. Por el bien de todos, primero el Estado de derecho.
