Por tamaño y complejidad, la jornada electoral no estará exenta de incidentes. La logística se puede alterar por factores nimios, sin embargo, los focos de alerta se concentran en la violencia que, en sus diversas escalas y naturalezas, afectan el desarrollo del proceso.
Después del domingo vendrán preguntas incómodas; ¿qué tanto el crimen organizado alteró el orden constitucional a nivel regional o local? ¿Cuántos gobernantes habrán sido impuestos desde el poder delincuencial?
El INE pone especial atención en ocho estados; en unos cerraron a plomo y sangre sus campañas; en otros, la CNTE advierte que va a complicar la instalación de centros de votación en escuelas públicas que son sedes naturales de casillas.
La nueva configuración del poder federal, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, serán claves para definir el enfoque y las acciones del futuro Gobierno.
Los contrapesos también van a ser decididos por los casi cien millones de ciudadanos que podremos acudir a sufragar este 2 de junio.
Congresos alineados en las nueve entidades con gobiernos locales o nuevas autoridades obligadas, por voluntad popular, a operar políticamente si prometieron transformaciones mayúsculas.
El árbitro del proceso bajo el escrutinio de la sociedad a la que sirve o al poder que de facto tomó las principales oficinas del INE. Confirmar si el órgano, ya sin los conservadores adversarios presidenciales, es digno de la confianza ciudadana y no sólo de la de Palacio. Por el bien de todos, que así sea. Vamos a certificar temple y capacidad.
Dato para el escepticismo: Los tres debates presidenciales costarían, en teoría, 20 millones de pesos, ninguno se produjo fuera de la capital nacional precisamente para ahorrar, pero al final pagamos —dinero público— el doble, 40 millones de pesos.
Por encima del INE, de los partidos y de todo lo demás, estamos los ciudadanos.
Informados, con la razón clara para atender el entorno y el horizonte, capaces de decidir, de ejercer el derecho político más trascendente, votar por aquellas candidaturas que, por el motivo que sea, representan mejor sus anhelos.
Refrendar a un grupo de poder que abandera a millones de mexicanos agraviados; cambiar para matizar una ideología más rupturista en la forma que en el fondo, o abrir las puertas del poder a otra generación que se vincula con códigos diferentes de los que hemos votado desde hace mucho.
A quien sea que elijamos el domingo, debe atender la realidad y no sus retóricas, reconocer que la violencia e inseguridad en el País están más vivas que nunca, que la corrupción y la impunidad no murieron por decreto, que la salud pública está enferma.
También que el poder debe servir a los más, no a los menos o que la austeridad funcional debe perfeccionarse y permear. Que elegir no implica dividir. Y que la armonía social será una responsabilidad de gobierno y no de bando. Feliz voto 2024.
