Distinto es aprovechar la ley para optimizar deducciones y pagar los menos impuestos posibles y otra, emitir facturas legales sobre servicios simulados y productos ficticios para inflar costos, rebajar utilidades y defraudar al fisco.
A eso se dedicaron durante años cientos de empresas; las llamadas factureras le esquilmaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) más de 55 mil millones de pesos en impuestos que debieron pagar 8 mil 212 personas, tanto físicas como morales, quienes anexaron en sus declaraciones esos fantasmagóricos comprobantes fiscales digitales; un delito grave que amerita cárcel para el contribuyente incluso si su contador le ocultó el chanchullo; la ignorancia o ausencia de mala fe no eximen a nadie de la falta ni de la pena.
Sobre las primeras empresas exhibidas, el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) enfilan ejércitos de auditores, forenses fiscales y agentes del Ministerio Público que van por quienes realizaron estas operaciones ilegales, las cuales sumaron más de 93 mil millones de pesos.
Entre las más de cien firmas indagadas están Costa Bella, Dig S.A. de C.V., T&T Soluciones, Dalga S.C., Sav Dell, Koglem, Ingeniería Proyectos y Tratamientos Ecológicos, Zomebii, Sacta Linee y Black Systes por citar algunas. La lista completa fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, busque en este enlace si tiene relación con alguna y consulte a su contador de confianza.
La hora de las factureras llegó; a la mala práctica consentida durante años gracias a la connivencia dentro del SAT y a la corrupción enquistada en despachos particulares, el Gobierno federal ha decidido marcar el alto.
Con Raquel Buenrostro al frente del SAT, Carlos Romero Aranda desde la Procuraduría Fiscal, y con la UIF de Santiago Nieto Castillo, coadyuvante de la Fiscalía General de la República del Doctor Alejandro Gertz Manero, los defraudadores tienen graves incentivos para acudir con honorables profesionales para conciliar con Hacienda cómo pagar lo evadido, sumarle recargos, multas y ponerse al corriente si no quieren ir a prisión. A los contribuyentes en falta, la Procuraduría Fiscal les está enviando exhortos y dando tres meses de plazo para ponerse al corriente y no fincarles denuncias penales.
“¿Cuándo se había presentado una denuncia de defraudación fiscal como la que se acaba de dar a conocer?” Preguntaba ufano el Presidente López Obrador con toda la razón.
Quizá tampoco antes hubo tanto apremio por dinero, por eso los recortes draconianos que producen renuncias como la de Mara Gómez por inanición financiera institucional, por eso la caza a fideicomisos, los cobros públicos en cadena nacional a grandes contribuyentes o a transnacionales canadienses; como sea, robustecer la recaudación con los contribuyentes cautivos urgía.
El riesgo será no expandir la base de contribuyentes, fiscalizar selectivamente y utilizar al SAT como arma contra adversarios reales e imaginarios. La hora de las factureras, por lo pronto, parece haber llegado y eso se aplaude.
