Desde 2019 se estableció en la Constitución que candidaturas a puestos de elección deben observar equilibrio de género e inclusión para etnias indígenas. En los comicios de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impulsó activamente esos preceptos indispensables en una democracia integral.
Hace unas semanas, el Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó a partidos políticos a no omitir paridad de género en sus candidaturas para renovar 15 gubernaturas el próximo año. Los partidos políticos se molestaron. Les incomodó hacer realidad sus discursos huecos sobre inclusión y paridad.
No es lo mismo ofrecer empoderar mujeres, que hacerlo. No es igual postular cuadros bajo ese criterio, que atender encargos de gobernadores, clientelas o de su creciente nomenklatura, en el caso de Morena.
Luego fue el TEPJF. Con votación fracturada, determinó que el exhorto del INE era obligatorio sólo en la medida de lo posible. Tal cual. La andanada arreció.
Que el INE estaba legislando. Que cambiaba reglas del juego con el proceso electoral en marcha. Fallo falaz, pero irrevocable. Sin embargo, las voces discordantes de los magistrados Janine Otálora, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón se hicieron escuchar; la paridad no se consuma en la medida de lo posible.
Más relevante aún, los partidos, alterados por el INE, se evidenciaron. Sí, el TEPJF no ratificó el mandato del INE, la ciudadanía y los medios sí. Tanto que ahora, con un forzado motu proprio, la nominación de mujeres a gubernaturas se multiplica en Morena. En el PAN y en su asociación con PRI y PRD también. El INE ganó a pesar del tenebroso TEPJF. Y la paridad en democracia, también.
Sangre en Gobernación. Afuera de la Secretaría de Gobernación hay singular protesta. Dos periodistas y el hijo de una víctima de desaparición forzada se sacan sangre para teñir la fachada de uno de los accesos al complejo de Segob en Bucareli.
Protestan por la falta de apoyos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Exigen audiencia con el subsecretario Alejandro Encinas. Acusan indolencia y amenazan prolongar su estridente sangría.
Pero algo no cuadra en los casos de los periodistas Omar Bello y Ricardo Cáceres. En el padrón de beneficiarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Bello Pineda, incorporado al esquema desde septiembre de 2017, recibe servicio de residencia con inmueble amueblado (refugio de seguridad), alimentación, insumos de limpieza e higiene personal, tres botones de asistencia a familiares con aplicación de localización para reacción rápida además de una pensión de 60 mil pesos mensuales.
En el caso de Cáceres de los Ángeles, la protección del mecanismo de protección lo apoya desde mayo de 2019 con 57 mil pesos mensuales y una cobertura similar a la de Omar; residencia, pensión para su esposa e hijos y protección policiaca en Quintana Roo para sus padres. La notoriedad de su protesta y los enunciados que argumentan no se corresponden con los hechos.
