La reforma al Poder Judicial va. Es constitucional, aunque puede y está siendo recusada por jueces y colectivos de impartidores de justicia y trabajadores de tribunales.
Hoy no se le mira una fisura superior al peso de la mayoría electoral, que avaló el proyecto que abanderaba la reforma al Poder Judicial como promesa sustantiva.
La valla legal más alta que enfrenta es la revisión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial hace sobre los amparos en contra de la modificación a la Constitución, pero esa revisión no mira detener ni echar abajo lo que ya fue. Sólo busca definir el proceso para que el Instituto Nacional Electoral (INE) comience a operar los comicios, para elegir 850 jueces y magistrados, el primer día de junio del próximo año.
Liberado el INE para orquestar la inédita elección, el Congreso deberá definir cómo y de dónde el Estado dotará de miles de millones de pesos al árbitro electoral, para sufragar semejante proceso, control, difusión y votación nacional.
Por cierto, será la primera de dos, ya que en 2027 se deberá de concluir con la remoción y reemplazo del total de jueces. La segunda tanda será concurrente con la elección federal intermedia. Y ¿coincidirá con la consulta popular para la revocación del mandato presidencial?.
Así las cosas, ni la pérdida de poder del superpeso mexicano frente al dólar estadounidense, logra convencer a muchos del supuesto nocivo impacto de la criticada reforma al Poder Judicial.
Analistas reconocen que lo que trae bajo asedio a nuestra moneda, son las expectativas respecto al resultado de la próxima elección presidencial en Estados Unidos y sus consecuencias.
Quizá las más estridentes sean si Donald Trump hace buenas las apuestas. Y otras más profundas y no tan positivas, si la demócrata Kamala Harris hace la chica y rompe los momios.
La impunidad 4T. Mientras la retórica se da vuelo a expensas de la reforma al Poder Judicial, la impunidad y el silencio campean en Chiapas y Sinaloa.
La puerta que comunica a México con Centroamérica está capturada por varias disputas entre cárteles delincuenciales, que imponen condiciones a regiones y poblados, establecen toques de queda, retenes y fijan rutas con peajes que nadie, con responsabilidad de gobierno, discute.
Las balas alcanzaron el pasado fin de semana al cura Marcelo Pérez. Asesinato que evoca matanzas pasadas o ejecuciones de jesuitas que, a pesar de su primer azoro y consecuente presión social, han quedado en la impunidad buscando un imposible olvido.
Y en Sinaloa, van dos meses de guerra intestina tras la traición de la Chapiza a los Mayos. Las cifras de asesinatos y desapariciones se disparan y nada contiene la reyerta pública por los particulares intereses de los clanes en disputa. Y nadie acepta su responsabilidad política.
Como era antes, los cercanos al poder federal gozan de la protección que brinda la membresía morena. Tan mal antes como ahora.
