La reforma al Poder Judicial va porque va. El dique aritmético de la oposición en el Congreso es, por diminuto, frágil. El voto que en el Senado hace falta a Morena para obsequiar al Presidente que se va y a la Presidenta que llega su revancha contra la Suprema Corte, saldrá de cualquier expediente penal con el nombre de algún opositor.
La resistencia más legítima a la reforma es la de los trabajadores de los tribunales, y al mismo tiempo, es la que técnicamente tiene más salidas. Indemnizaciones, permanencia a voluntad y sobre todo, mantener sus percepciones intactas a partir de dos ejes fundamentales:
El primero, los que ganan más que el titular del Poder Ejecutivo son pocos. El segundo, no se puede hacer retroactiva una nueva disposición en detrimento laboral de nadie. Los fundados reclamos y temores de los obreros de la justicia serán paliados en la letra chiquita de la reforma, que se va a aprobar tal y como AMLO la ordenó.
Todo lo demás será lo de menos. Que los estudiantes de derecho salen a las calles para impedir la reforma, pues más muchachos reaccionan y marchan a favor del deseo popular interpretado por la 4T. Es más, las convocatorias con logo de la UNAM se mueven en los mismos chats de WhatsApp semioficiales de la Presidenta electa.
La oposición política y fáctica a la 4T, aparentemente tras ser vapuleada en las urnas el pasado 2 de junio, acabó de extraviar su sentido común. ¿De verdad imaginan que le van a ganar en la plaza pública a los amos de los plantones, marchas y protestas? ¿Creen que están a tiempo de explicarle al pueblo todas las bondades que el actual sistema posee y de todo lo que podemos perder? No entienden que no entienden.
Paradoja. Por un lado, se anula la elección de la alcaldía Cuauhtémoc por violencia política en el pasado proceso electoral; y por el otro lado sigue sin aplicarse la ley, por la violencia política en razón de género, cometida por Fernando Mercado, ahora alcalde electo de la Magdalena Contreras, en contra de la candidata de Movimiento Ciudadano, Daniela Nitza Garduño Alvarado.
La ley señala que estos asuntos se deben resolver en muy corto tiempo; sin embargo, el Instituto Electoral de la CDMX ha dejado de lado el asunto de la excandidata de MC a la alcaldía de Magdalena Contreras, pero Daniela Nitza no quita el dedo del renglón y presentó ante las autoridades electorales más pruebas de lo que denuncia.
A lo anterior se le suma que el propio Fernando Mercado, en su última actuación como diputado local de la CDMX, propuso aplazar hasta 2030 la aplicación de la Ley 3 de 3, para evitar que todo aquél que sea sentenciado por violencia de género o esté señalado como deudor alimentario y pueda ocupar un cargo en el Gobierno. A quién intentan proteger. Es pregunta.
