La reforma aprobada antes de ser legislada

SOBRE LA MARCHA

Carlos Urdiales<br>*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.<br>
Carlos Urdiales*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. larazondemexico

Con el triunfo de Claudia Sheinbaum llegó la derrota para el bloque de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se oponen a la intención presidencial de desmantelar al máximo tribunal del país, junto con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para edificar otras instancias de arbitraje constitucional y judicial.

Esa nueva SCJN nacerá del voto popular, no del consenso legislativo. Y no serán once, sino nueve sus ministros. La reforma al sistema judicial con la cual Andrés Manuel López Obrador orienta el próximo sexenio de la doctora Sheinbaum, transitará por foros de análisis y discusión. Pero no será alterada en esencia, tampoco en apariencia.

35.9 millones de votos emitidos a favor de la candidata presidencial de Morena el pasado 2 de junio, además de meter a Sheinbaum Pardo al Palacio Nacional, echarán a los ocupantes más relevantes de la SCJN y del CJF.

En julio, el Congreso de la Unión jugará al parlamento abierto, y a la oposición no la verá, ni la escuchará. La lógica se apoya en el resultado de las encuestas encargadas por Morena que nos informan que el 45 por ciento de la población sabe que la reforma judicial forma parte de la plataforma que el segundo piso de la 4T sometió al veredicto ciudadano.

Y como no sólo ganó, sino que aplastó —no la coalición, sino el histórico voto mayoritario en favor de la llamada Transformación—, entonces se asume que el pueblo ya se pronunció, por Claudia y por la reforma. Así, los legisladores deben hacer valer la voluntad ciudadana y resetear el entramado institucional.

Quienes se opongan, son hoy, minoría. Podrán tener argumentos y opiniones técnicas y políticas articuladas con lucidez, pero carecen de lo más importante, el mandato de la mayoría del pueblo. ¿Agandalle o repetición de la idiosincrasia democrática del PRI, cuna y escuela de los que hoy detentan el poder?

A favor de la retórica mañosa del oficialismo, juega la mala imagen de los impartidores de justicia en México. Somos millones los que, a la pregunta: ¿Considera necesario reformar el sistema judicial? Respondemos desde la derrota cívica que padecemos a diario ante las ilegalidades impunes, en lo micro y en lo macro. Desde grandes juicios nacionales, sean penales o mercantiles hasta la justicia de barandilla, lo mismo los ministerios públicos y jueces corruptos.

La justicia como bien público sometido a la oferta y la demanda, desprestigio institucional que justa o injustamente, cargan sobre sí los juzgadores.

Finalmente, las víctimas políticas colaterales por la contundente victoria de Claudia Sheinbaum deberán aceptar que, en parte también, su posicionamiento implicó una apuesta político-partidista que perdieron. Si no fuera así, habrían encontrado trincheras para la discusión menos polarizantes y con rampas de escape más dignas.

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