El bienestar y la productividad están directamente relacionados con la utilización de la energía eléctrica, sin ella, difícilmente se pueden alcanzar. En México, justo en este momento, se discuten cambios a la legislación en el sector.
En España, el precio de la luz se ha multiplicado en los últimos años, lo que ubica a los usuarios españoles entre los que pagan las facturas más altas del mundo por este servicio. Ellos tienen dos opciones: pueden contratar el servicio en el mercado libre o en el mercado regulado; en el primer caso, las empresas privadas fijan sus precios, en el segundo, es el Estado quien lo determina. Ambos tienen como base de su costo, el precio resultante de las subastas del mercado mayorista de electricidad.
Algunos actores sostienen que dichas subastas no son del todo transparentes y no garantizan la libre competencia. Las empresas participantes han sido sancionadas con multas económicas en distintas ocasiones; sin embargo, se cree que las sanciones nunca son tan jugosas como las utilidades, siendo la multa una medida que no limita del todo las malas prácticas.
Los usuarios españoles pagan en su recibo, el costo que la empresa comercializadora paga a la empresa generadora, además del costo de la distribución, y sus utilidades. El proceso inicia cuando las empresas comercializadoras comunican a las generadoras cuánta energía requerirán para satisfacer la demanda de sus consumidores.
El precio español ubicado en estos días en su máximo histórico está integrado aproximadamente en un 35 por ciento por el costo de la energía (subasta), un 40 por ciento por el costo de la distribución y el restante 25 por ciento son impuestos. El Gobierno español ha intentado atenuar —sin mucho éxito— el impacto de las tarifas eléctricas en la economía familiar, disminuyendo la carga tributaria.
España importa gran cantidad de la energía eléctrica que consume. La tarifa de luz tiene una carga importante de impuestos que el usuario debe pagar, entre los que se encuentran un impuesto al valor agregado, uno especial a la electricidad y una subvención a las energías renovables.
Antes del año 1988, un número reducido de empresas se encargaba de todo el proceso (generación, distribución y comercialización); después de ese mismo año, un número importante de empresas participa de algunos eslabones del proceso de manera independiente y fragmentada.
Algunos generadores utilizan combustibles fósiles para producir energía, mientras que otros, utilizan fuentes renovables, incurriendo los primeros en un pago extra por las emisiones contaminantes, que encarecen aún más la energía. El caso español es digno de estudio.
Como muchos de los grandes problemas públicos que enfrentan los países, existen otros factores de carácter externo que los provocan y complican. Entre ellos destacan los precios del gas, combustible utilizado para la generación de energía eléctrica, que enfrenta una demanda importante y las reservas de varios países han disminuido. Aunado a esto, el consumo de energía se ha incrementado, derivado de lo extremo que han sido los climas en verano y en la temporada invernal. Por último, la intermitencia de las energías renovables que limita su utilización.
En tiempos en que en nuestro país se viven decisiones álgidas en torno a sectores primordiales para la vida de los ciudadanos, como lo es el eléctrico, vale la pena echar un vistazo a otros países, para tomar de ellos buenas prácticas y desechar aquellos elementos que pudieran encaminarnos al mismo escenario.
