A lo largo de su extensa trayectoria como opositor al régimen y —en más de una vez— como candidato a la presidencia, López Obrador fue un férreo crítico del uso de las Fuerzas Armadas para atender labores de seguridad pública —práctica iniciada durante el gobierno de Felipe Calderón y perpetuada con Enrique Peña—.
En la última de sus campañas presidenciales —y sabedor de la amplia ventaja a favor suyo en las encuestas—, López Obrador sostuvo —una y otra vez—, que regresaría al Ejército a los cuarteles y que el combate al crimen organizado volvería a mandos e instituciones civiles. Incluso, ya como Presidente, mantuvo el discurso durante todo su primer año de Gobierno, hasta que la realidad de la larga crisis de seguridad del país lo hizo cambiar de opinión.
Al inicio de 2019, él mismo impulso la reforma constitucional con la que extinguió a la Policía Federal y creó a la Guardia Nacional con un doble mando a cargo de la SSPC —civil— y de la Sedena —militar—. Desde entonces, la recién creada institución —integrada por miembros de las policías federal, naval y militar— asumió las labores de seguridad pública en todo el país.
La medida fue muy controvertida y duramente criticada, con todo y que —en el papel— se contemplaba una desmilitarización gradual del territorio —en un plazo de cinco años—. Sin embargo, era un hecho que la situación del país imposibilitaba retirar de un plumazo a las fuerzas castrenses de las calles —a pesar de las promesas de campaña—, pues en muchas regiones del territorio nacional, simplemente no existían policías confiables y capacitadas que pudieran hacerle frente al casi inconmensurable poder del crimen organizado.
Lastimosamente, ese escenario no ha cambiado al día de hoy. A inicios de semana, el presidente anunció que promoverá un decreto para reformar nuevamente la Constitución y que la Guardia Nacional quede adscrita —lo que en la práctica era un hecho casi desde su creación—, de manera total a la Secretaría de la Defensa Nacional, casi a la par que el país era testigo de una serie de incendios y bloqueos en Guanajuato y Jalisco, tras enfrentamientos entre fuerzas federales y miembros del crimen organizado.
A pesar de una nueva contradicción entre el discurso de campaña y las acciones emprendidas —cuestión que, realmente, ya pasa a segundo término—, la implicación verdaderamente angustiante del anuncio es que la estrategia de seguridad emprendida, hace ya más de tres años, no ha funcionado, que por tercer sexenio consecutivo la situación no es distinta y que el dominio del crimen organizado persiste.
En cuanto al medio por el que López Obrador pretende lograr su cometido, hacerlo por medio de un decreto ha escandalizado a la oposición, aunque, sin lugar a dudas, se trata de una facultad del Presidente. Quedará, pues, en manos del máximo tribunal del país, definir si la medida resulta o no inconstitucional.
