La llegada de Emilio Lozoya a nuestro país genera la máxima expectativa de que sus revelaciones pondrán en evidencia diversos actos de corrupción cometidos al más alto nivel durante el sexenio pasado por algunos de los colaboradores más cercanos al entonces presidente.
La detención en febrero de este año de quien fuera el director de Pemex durante la administración pasada, debió ser motivo de alarma para más de un exfuncionario, pues se trataba de la detención de un colaborador del círculo íntimo del expresidente Enrique Peña, lo que hacía suponer que la actual administración no tendría reparos en perseguir a quien resultase involucrado en el entramado de corrupción con la multinacional brasileña Odebrecht.
Tras algunos meses detenido en España y un proceso que incluyó órdenes de aprehensión giradas en contra de madre —detenida y extraditada—, esposa y hermana del propio Lozoya, finalmente se concretó la extradición voluntaria del entonces directivo, quien se comprometió a colaborar con las investigaciones de las autoridades mexicanas y a entregar una serie de grabaciones en las que se expondría la participación de otros exfuncionarios.
Este caso de alto perfil se suma al proceso actualmente en curso en contra de Rosario Robles —también integrante del gabinete del expresidente priista y detenida desde agosto de 2019— y a la detención en Estados Unidos, la semana pasada, del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Hasta aquí, pareciera que el compromiso de desterrar actos de corrupción anunciado por la administración morenista es frontal y genuino. Esto, claro está, sin considerar los escándalos de integrantes del actual gabinete.
Sin embargo, estamos ya acostumbrados a este tipo de prácticas que —si bien suelen suceder a inicio de sexenio— no sobran previo a elecciones. Y vaya que habrá que tirar de cuanto recurso quede al alcance, pues con el confinamiento por la pandemia, la escena pública ha estado muy desolada, lo que opera directamente en contra de la clase gobernante, ávida de reflectores.
La gran interrogante es si, en realidad, lo que viene a ofrecer Emilio Lozoya son pruebas válidas y contundentes para procesar a quienes resulten responsables en uno de los más recientes y escandalosos casos de enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero y desvío de recursos públicos, que administración tras administración —sin distinción de partidos— suceden en nuestro país.
La siguiente gran pregunta es si la autoridad competente está dispuesta a proceder con el caso hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. Al tiempo.
Desde chiqueros. Ayer se dieron a conocer las quintentas finales de aspirantes a ocupar las cuatro vacantes de Consejeros Electorales ante el Consejo General del INE. La próxima semana la Cámara de Diputados las votará y elegirá a dos mujeres y dos hombres para un periodo de nueve años, quienes tendrán bajo su tutela la organización de los comicios federales del próximo año y la elección presidencial de 2024. Tantita grilla para menudo paquete.
