La Unidad de Inteligencia Financiera –UIF– es la dependencia del Gobierno federal encargada de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Se trata de una unidad administrativa –adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, cuyas funciones son recibir reportes e informes de entidades financieras y de quienes realizan actividades clasificadas como vulnerables, para generar productos de inteligencia que permitan prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Constituye, pues, una instancia sumamente especializada que –si bien su creación data desde 2004–, hasta hace relativamente poco era prácticamente desconocida y sus procedimientos o determinaciones se encontraban muy lejos del escrutinio público.
Pero todo eso cambió con la actual administración, en donde, la –ahora afamada y por todos conocida– UIF salió del manto de discreción que la cubría para convertirse en una de las instituciones más socorridas por el Presidente para robustecer el principal eje discursivo de su campaña y Gobierno: el combate a la corrupción.
Lo que, es más, sin lugar a equivocaciones, pocas personas ajenas a la vida pública –e, incluso, entre funcionarios– podrían mencionar el nombre de alguna de las personas que encabezaron dicha dependencia en sexenios anteriores. Pero eso es muy distinto ahora, pues la neopoderosísima tribuna de la UIF ha hecho gozar a sus titulares de tantos o cuantos reflectores como los de cualquier otro secretario de Estado.
Sin embargo, el poder tiene dos caras y, si bien, la imagen y popularidad de quienes la han encabezado en la actual administración ha subido como la espuma, su caída ha tenido motivos de atención. Fue el caso de Santiago Nieto, quien –luego de verse forzado a renunciar tras diversos sucesos hechos públicos en torno a su boda– pasó de la máxima proximidad al Presidente a una distancia evidente.
En su lugar llegó Pablo Gómez –un viejo lobo de mar–, a ocupar un espacio distinto de lo que ha sido su larga trayectoria legislativa. Y si, por un momento, pareció que su gestión se apartaría del ojo público –a diferencia de la de su antecesor–, todo eso cambió hace unos días, luego de anunciar el inicio de una investigación en contra del expresidente Enrique Peña, tras haber detectado transferencias de recursos de procedencia presuntamente ilícita.
La respuesta del expresidente no se hizo esperar y, si bien externó que aclararía los cuestionamientos sobre la legalidad de su patrimonio ante las autoridades, casi con la misma velocidad puso a la venta un lujoso apartamento en Madrid que ya le había generado diversas críticas y cuestionamientos.
En política, la forma es fondo y, lo que puede parecer una curiosa coincidencia, suele llevar destinatario. Habrá que ver si la investigación va en serio, o si sólo se trata de un “estate quieto” de cara a las elecciones en el Estado de México del próximo año.
